El asesor anticorrupción de Rajoy solicita salarios políticos más altos

En un momento en el que el prestigio de los políticos alcanza sus cotas más bajas, Benigno Pendás, uno de los asesores del Gobierno en materia de lucha contra la corrupción, lanzó ayer una propuesta políticamente incorrecta: aumentar los sueldos de los parlamentarios. Dentro de la Comisión Constitucional del Congreso, que estudia medidas para atajar la que ya constituye la segunda preocupación ciudadana (solo por detrás del paro), Pendás, catedrático de Ciencia Política, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y autor del informe que el año pasado sirvió de base para la ley de transparencia y otras medidas anticorrupción que ha aprobado el Ejecutivo, sostuvo que «la sociedad española debería plantearse un debate general sobre las retribuciones de los cargos políticos».

En su opinión, un aumento de los salarios no contribuiría a acentuar la mala imagen de los políticos. Al contrario. Haría que este trabajo fuese más atractivo para los profesionales exitosos y, por lo tanto, el nivel medio de los representantes sería mayor y desempeñarían mejor sus funciones. «Tenemos que ser conscientes de que el prestigio de la política depende de que atraigamos a la gente más valiosa», continuó.

La sociedad retrata a sus representantes como personas que trabajan poco y ganan mucho, pero la segunda tesis, como mínimo, no resulta del todo cierta. Al menos si se compara con otros países europeos. Los diputados cobran un sueldo de 2.813 euros, sin contar con unos complementos que elevan la cantidad hasta una media algo superior a los 3.500 euros. En Alemania, Reino Unido y Francia, las retribuciones son superiores a los 6.000. En Italia, están por encima de los 11.000.

COMPARECENCIAS / Quizá conscientes de la impopularidad de la reflexión, los diputados optaron por ignorarla. Solo CiU la secundó. «La retribución debe ser apropiada», dijo el nacionalista Jordi Xuclà durante la primera de las sesiones convocadas para alcanzar un pacto sobre medidas anticorrupción. Junto a Pendás, comparecieron el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García.

La idea es abordar un acuerdo sobre los dos proyectos del Gobierno en esta materia, la ley del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y la reforma de la ley de financiación de partidos, que establecen un régimen más estricto de incompatibilidades y regulan la figura de los tesoreros para que estén sometidos a control parlamentario. El Ejecutivo ha impulsado estas iniciativas a rebufo del caso Bárcenas y el consenso entre la oposición es que resultan insuficientes.