No habrá clemencia, ahora, para los condenados. El Govern de CiU ha optado por desmarcarse completamente de Enric Roig y Antonio Herce, expresidentes de la empresa pública Ferrocarrils de la Generliatat (FGC) durante el mandato de Jordi Pujol, condenados por prevaricación por la Audiencia de Barcelona. Una condena que el Tribunal Supremo ha ratificado, si bien ha reducido la pena impuesta de seis a cuatro años de cárcel.

Al banquillo 8 Antoni Herce, Enric Roig y Albert Vilalta, expresidentes de FGC, durante el juicio, en el 2010. ARCHIVO / JOAN PUIG

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Información publicada en la página 21 de la sección de Política de la edición impresa del día 15 de junio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Los hechos tuvieron lugar en 1991, cuando Roig y Herce contrataron un plan de pensiones irregular con el que, según la Audiencia, consiguieron «un enriquecimiento personal muy superior al que les proporcionaría su retribución salarial». También firmó ese contrato el expresidente de FGC y exconseller de Medi Ambient Albert Vilalta, pero este fue absuelto porque el delito de prevaricación había prescrito.

Ahora, CiU considera que los hechos por los que se condena a Herce y Roig son éticamente reprobables. Por ello, la federación nacionalista da por hecho que ambos solicitarán el indulto, pero la Generalitat no apoyará tal petición. Además, fuentes del Consell Executiu apuntan que, a pesar de que se concediera tal medida de gracia, habitualmente se aplica una reducción de la condena a la mitad. En este caso, los exdirectivos no eludirían la cárcel, dado que la pena sería de más de dos años, período a partir del cual se ingresa en prisión.

Durante el juicio, Vilalta explicó que Roig le propuso un plan de preprimas para fidelizar a los ejecutivos de la compañía y evitar que se fueran a otras empresas. Herce cobró 276.000 euros y Roig, 1,06 millones. Durante el juicio, el exconseller de Política Territorial Pere Macias dijo estar convencido de que el plan «había pasado todos los filtros» y que este tipo de incentivos eran habitual en otras entidades del sector para evitar la fuga de técnicos. Ayer, en CiU, imperó el silencio, si bien alguno de sus protagonistas sigue defendiendo que, para tener empresas públicas eficientes, son necesarias medidas como esta.