Verdades y mentiras del referéndum

El independentismo invoca la Comisión de Venecia para rehuir el 'quórum' de participación en la consulta, pero omite que incumpliría el resto de requisitos

Los diputados de la CUP exhiben papeletas del eventual referéndum, ayer, en el debate del Parlament sobre los presupuestos.

Los diputados de la CUP exhiben papeletas del eventual referéndum, ayer, en el debate del Parlament sobre los presupuestos.

ENRIC HERNÀNDEZ

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Si se cumplieran los planes de la mayoría gubernamental, dentro de seis meses, el 24 de septiembre, Catalunya celebraría un referéndum de independencia de carácter vinculante. Aún se ignoran la ley o leyes que, justo antes de ser suspendidas por el Constitucional, ampararían tal convocatoria. Pero las autoridades sí han avanzado que considerarán válida la consulta, de materializarse, sea cual sea la participación electoral, y que bastará con la mitad más uno de los sufragios para proclamar la independencia. Así lo aconseja, dicen, el Consejo de Europa.

Es esta una verdad parcial que oculta un rosario de mentiras. El Código de Buenas Prácticas de la Comisión de Venecia, en efecto, juzga inconveniente imponer 'quórums' de participación o para la aprobación de la medida a refrendar, por cuanto ello asimila a abstencionistas y detractores. Si bien es cierto que, ante el referéndum de Montenegro, esta institución sugirió una participación mínima del 50% y una mayoría cualificada del 55%.

Al tiempo que apelan a la Comisión de Venecia para rehuir los umbrales de participación, los promotores del referéndum unilateral omiten el resto de sus requisitos, que no están en condiciones de cumplir. Repasémoslos.

"Los textos sometidos a referéndum deben ser acordes a toda ley superior." Es de perogrullo que la independencia de Catalunya no tiene encaje en la Constitución.

"La ley del referéndum no debe poder ser reformada durante el año anterior a un referéndum." La hoja de ruta independentista prevé aprobar la ley y convocar el referéndum de forma simultánea. 

"Partidarios y opositores de la propuesta sujeta a votación deben ser representados de manera igualitaria en las comisiones electorales." Hipótesis inverosímil en una votación de parte.

"Las autoridades públicas no deben involucrarse en hacer campaña a favor de una parte, sino mostrar neutralidad." Huelgan comentarios.

Perdida la batalla de la legalidad, este referéndum imposible libraría la lucha por la legitimidad: el reconocimiento internacional a partir de una pulcritud democrática que, bajo los parámetros de la Comisión de Venecia, será imposible exhibir.