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La financiación de los partidos

Josep Fontana

Josep Fontana

Historiador

Una gran mentira

Los compromisos adquiridos con las grandes empresas favorecen la política de la desigualdad

Martes, 4 de junio del 2013

Vivimos en medio de una gran mentira. Es posible que ello fuese explicable en tiempos en que la inmensa mayoría ignoraba cómo funciona realmente la política de este país. Pero en la actualidad, con las evidencias de fraude que han ido saliendo a la luz -como consecuencia de un fallo que el ministro de Justicia se está ocupando de enmendar- hay algunas cuestiones que parecen razonablemente claras.

La primera es que nuestros partidos políticos -todos, pero en proporción distinta, de acuerdo con sus posibilidades de ofrecer compensaciones- se mantienen económicamente del dinero oculto que reciben de las instituciones financieras y de las grandes empresas. Las cuentas de Bárcenas no son la muestra de un escándalo puntual, sino un raro testimonio que nos ha permitido asomarnos a una realidad subyacente en la que deben existir otras muchas cuentas por el estilo.

La segunda, que los partidos corresponden a esta financiación con favores y concesiones, a costa de los intereses públicos. Es a esta obligación a la que hay que atribuir la incapacidad de nuestros políticos para imponer a los bancos medidas como la dación en pago o la compensación por el fraude de las preferentes. Lo cual se complementa con la impunidad de que gozan los protagonistas de este tipo de delincuencia: los que en el mundo anglosajón se llaman banksters.

Bien es verdad que esto no sucede solamente en España. Estos días la prensa ha aireado la detención en Madrid del principal dirigente de Liberty Reserve, un chiringuito online que ha facilitado operaciones de lavado de dinero en gran escala. La prensa norteamericana se ha preguntado, sin embargo, cómo es que no se ha hecho lo mismo con los dirigentes de HSBC, el segundo banco de Estados Unidos, que del 2006 al 2009 facilitó el lavado de cientos de miles de millones de dólares de dinero negro, incluyendo los beneficios del terrorismo y de los cárteles de la droga de México y de Colombia. No se formuló cargo criminal alguno contra sus dirigentes, sino que la cuestión se saldó con una multa. (Sobre este asunto les invito a leer en Rolling Stone el artículo de Matt Taibbi Gangster Bankers: too big to jail). Para no mencionar el escándalo del líbor, por el que Joseph Stiglitz proponía: «Lo primero es meter a unos cuantos banqueros en la cárcel». Algo que, evidentemente, no ha sucedido.

Lo de las empresas constructoras españolas, tal como se ha podido ver estos días, no puede por menos que causar estupor. El trato caballeresco que se ha dado a sus dirigentes, que pretenden que se les crea sobre su palabra, sin aportar elemento alguno de convicción, contrasta con el empeño judicial por investigar hasta el menor detalle las declaraciones de Hacienda de la infanta Cristina. Me parece muy bien que se aplique este rigor a la infanta; pero echo a faltar el mismo celo en escudriñar las cuentas de estos pretendidos caballeros del mundo empresarial, sobre todo después de que se ha podido comprobar que a cada una de las presuntas entregas de dinero al Partido Popular le ha seguido habitualmente la concesión a sus empresas de contratos de obras por miles de millones de euros. Y sugeriría, además, que se hiciera otra comprobación, que no requiere grandes esfuerzos de investigación: la de contrastar las cantidades a que se licitaron estas obras con su coste final. Pero estos caballeros pueden vivir tranquilos: no va a haber nadie que se atreva a semejante ejercicio.

Las consecuencias de esta mentira no se limitan al coste en dinero público de estos apaños, con ser considerable, sino que lo más grave es que condicionan a largo plazo la continuidad de una política que favorece la desigualdad que se refleja hoy en los desahucios, en la pérdida de sus ahorros por parte de los estafados con las preferentes y, sobre todo, en los millones de parados que no tienen esperanza alguna de encontrar ocupación en los próximos años (la OCDE prevé, por el contrario, que su número va a aumentar hasta un 28% en el 2014; un año en que, por cierto, se augura que el IVA al 21% se aplicará también a la alimentación, de acuerdo con las peticiones de Bruselas).

Sabemos bien dónde conduce esta política por el ejemplo de lo que sucede en Estados Unidos, donde la desigualdad sigue en aumento año tras año, hasta el punto que, según las investigaciones de la Oficina del Censo sobre la Supplemental Poverty Measure, la mitad de los norteamericanos bordean hoy los límites de la pobreza. No en vano el ministro de Hacienda de Alemania, Wolfgang Schäuble, ha advertido hace pocos días que hay que preservar el modelo de bienestar europeo para evitar caer en la situación de Estados Unidos, o se producirá una revolución «no mañana, sino en el mismo día».

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