Troitiño como excusa

Conviene iniciar estas líneas con una observación nada obvia a la vista de los hechos: el derecho penal trata mal los delitos al por mayor. En el 11-M se castigó a la mayoría de los responsables a penas superiores a los 40.000 años. Nadie en su sano juicio piensa que se pueden cumplir mínimamente. Al cumplir los 40 años, dentro de treinta y tantos años (se suma la prisión provisional), estarán en la calle. ¿Nos escandalizaremos? ¿Diremos que cada muerto les ha costado menos de dos meses y medio de prisión? Si hemos abolido, por fortuna, tanto la pena de muerte como la cadena perpetua, estas son las reglas del juego. Como si 40 o 24 años de cárcel no fuera una pena terrible, incluso para el etarraAntonioTroitiño.

Quienes ahora se escandalizan con el licenciamiento de ese múltiple asesino olvidan que en su anterior etapa en el Gobierno nada pudieron hacer ante estos cotidianos hechos: las condenas duran lo que duran y, una vez extinguidas, el delincuente sale a la calle. Y sale a la calle con todas las de la ley. Al etarraTroitiñose le ha aplicado la legislación vigente en el tiempo de los hechos, sin seguir la tergiversadoradoctrina Parot, que no es vinculante, y siguiendo la imperativa doctrina constitucional sobre el abono de la prisión preventiva.

Caben pocas dudas de que, recurrida la excarcelación por licenciamiento, esta se revoque. ¿Qué sucederá entonces? ¿Puede ser reingresado en prisión un sujeto liberado por los tribunales en cumplimiento de una interpretación secular -más de 100 años- de los preceptos que regulan el cumplimiento de la condena resultante de la acumulación de múltiples delitos? ¿La opinión pública, la publicada y la sectaria, pensaría igual si el excarcelado legalmente fuera un delincuente común, sin relevancia alguna? Porque no hay que olvidar queTroitiñono ha sido excarcelado por un error de cómputo -error no imputable a él-, sino por no seguir un tribunal un designio jurisprudencial del Tribunal Supremo que, con la Constitución en la mano, no le vincula; le orienta, pero no le vincula en absoluto.

Sucede que con delincuentes por convicción, como los terroristas, el efecto rehabilitador de la pena puede ser nulo. De modo incomprensible para la atónita ciudadanía, un sujeto que pasa más de 24 años en la cárcel, sin ningún privilegio y al que prácticamente se le han retirado ciertas cotas de magro bienestar carcelario, sigue erre que erre en sus abyectos ideales. Cierto que el pensamiento es libre, pero no es menos cierto que la sociedad puede albergar un legítimo temor ante el comportamiento en libertad de estos sujetos. Hoy se desconoce oficialmente si alguien comoTroitiño, que no ha abdicado de la lucha armada, va a vivir apartado de ella.

¿Qué puede hacer el Estado ante esto? Lisa y llanamente, lo que hace cada día: labor de información, esto es, estar al cabo de la calle de las idas y venidas del excarcelado, pero sin acercársele ni trozar el menor de sus derechos. ¿Difícil? Claro, pero mientras no cometa o vaya a cometer un delito (frecuente otros terroristas, se le vea en posesión de un arma o explosivo o siguiendo a una posible víctima, por ejemplo), esta tarea de información, habitual ya de por sí, es básica, irrenunciable… y perfectamente legal. Esto lo saben tantoRajoyyMayor Oreja, exministros del Interior, comoDe Cospedal, subsecretaria de Interior el 11-M.

La dramatización delcasoTroitiño suena adéjà vu, suena alcasoDe Juana Chaos. No se acaba de entender, sin embargo, de dónde sacan arrestos nuestros más conspicuos conservadores para envolverse con la bandera de lo que entienden por pacto antiterrorista, cuando ellos, la última vez que tuvieron ocasión de ejecutarlo desde el Gobierno, no lo hicieron: fue el 11-M y nunca se convocó el tal pacto. Y, lo que es más importarte: entonces, como ahora, los conservadores impusieron su agenda electoral.

Pero el lamentable espectáculo de puro y censurable tacticismo político sigue: la oposición pide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actúe contra el juez responsable de la excarcelación. Los populares saben de sobra que, en asuntos jurisdiccionales, el CGPJ no tiene competencia alguna, y así debe ser. La excarcelación, correcta para mí pero no para otros, es para todos un asunto jurisdiccional. No obstante, para asombro de propios y extraños, se culmina con un estrambote: la responsabilidad, según quienes aspiran a volver al Gobierno, es del presidente de la Sala de lo Penal,Javier Gómez Bermúdez,que aquí no ha dictado una sola resolución, pues no integra la sección que ha licenciado aTroitiño.

La razón formal de tal desatino la desconozco; sobre la real albergo la vehemente sospecha de que el sector más conservador del PP quiere hacer pagar aGómez Bermúdezlo que entiende una traición: que no centrara su sentencia del 11-M en los famosos autores intelectuales, tesis repetida por ellos hasta la saciedad pero ajena a cualquier planteamiento jurídico. Los que hablan de politización de la justicia tienen aquí un buen tema.

Catedrático de Derecho Penal de la UB.