Realismo y responsabilidad ante el 9-N

Iniciado ya septiembre, aparentemente nada importante ha sucedido en el último mes en lo que respecta a la resolución del conflicto planteado por el objetivo del Govern y sus aliados de convocar una consulta soberanista el 9 de noviembre. Pese a la inexorable cuenta atrás hacia esa fecha, agosto ha sido un tiempo perdido, porque no ha habido ningún movimiento serio -al menos, que sea conocido- para imponer la cordura y evitar el famoso choque de trenes que solo desean los partidarios de ganar en río revuelto. Tanto Mariano Rajoy como Artur Mas despidieron el curso pasado apelando a un diálogo que no han practicado. Por el contrario, tanto uno como otro se han ratificado en los últimos días en sus respectivas posiciones. El presidente del Gobierno, en que debe respetarse escrupulosamente la ley, y por tanto, en que es inviable una consulta como la planeada. Y el president de la Generalitat, en que los ciudadanos de Catalunya tienen derecho a expresar en las urnas su opinión sobre cómo quieren relacionarse -o no- con el resto de España.

Las próximas semanas serán determinantes para el desenlace del contencioso del 9-N, empezando por la Diada. El crescendo habitual de los días previos al Onze de Setembre y el enardecimiento de la propia jornada -con la incógnita del volumen de la movilización- hacen poco previsible que se acentúen hasta entonces las muestras de pragmatismo que han ido destilando miembros del Govern en las últimas semanas al subrayar que será muy difícil, por no decir imposible, llegar a celebrar una consulta si el Tribunal Constitucional la prohíbe explícitamente. Una posición que discurre en paralelo al mantenimiento formal, por parte de Mas, de una hoja de ruta que cada vez se defiende con más énfasis y monolitismo desde Esquerra que desde CiU.

Resulta cansino, pero hay que insistir en las apelaciones al realismo y a la responsabilidad. La ruptura de la legalidad que significaría que el Govern desoyera el seguro veto del Constitucional a la consulta sería tan grave y peligrosa como que los poderes del Estado, con soberbia o miopía, se engañasen pensando que el fallo judicial zanjará un contencioso político de reverberaciones históricas y con fuerte implantación social. Ni los ciudadanos catalanes ni los del resto de España merecen que unos y otros actúen con frivolidad e irresponsabilidad.