¿Qué tienen que ver los funcionarios con la banca?

El Gobierno estudia la creación de un nuevo impuesto que pesará sobre el consumo de gasolina de los coches más contaminantes. Con el dinero que obtenga pagará una parte del sueldo de los médicos y profesores y también la nómina del mes de enero del próximo año de los diputados y senadores.

Evidentemente, se trata de una elucubración absurda, pero sirve para explicar el sinsentido utilizado hasta ahora por la Generalitat para justificar el impago de una parte del salario del personal de la función pública catalana, unas 200.000 personas. Será el tercer año que pasa, una situación sin parangón en ninguna otra autonomía. Y la justificación es que este recorte se podrá evitar si el Gobierno central permite que el catalán ponga en marcha el impuesto sobre los depósitos de las entidades bancarias en la comunidad. Tan absurdo como el ejemplo inicial del nuevo tributo que debería servir para pagar nóminas ya comprometidas y que no tienen nada que ver con la nueva imposición. Por que, ¿qué tienen que ver los funcionarios con la banca?

Se trata de unos 300 millones de euros al año (lo que cuesta aproximadamente la parte del sueldo que no se paga al personal público, aunque lo agrupan con el nombre de paga extra) y no valen excusas de mal pagador para no hacer frente a este compromiso cuando por otras vías se obtienen 700 millones de euros no previstos en los presupuestos catalanes. Esta es la cifra que se ahorrará este año el Govern con la medida del Ejecutivo de Rajoy que reduce el pago de los intereses el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La Generalitat también obtendrá este año más de 1.500 millones por ventas de inmuebles y concesiones de servicios públicos. Por la misma regla de tres que vincula la recaudación del tributo a la banca con el salario de los funcionarios, se podrían unir el fruto de las ventas inmobiliarias y el pago de los sueldos públicos.

La segunda parte de la historia de este tributo tiene su guasa. El Govern de CiU no lo creó hasta que ERC lo exigió para aprobar los presupuestos. Fue una copia exacta del existente en Extremadura, Andalucía y Canarias y que el Tribunal Constitucional avaló. Gravaban un 0,5% los depósitos en la comunidad. Para frenar su proliferación, el Gobierno creó el mismo tributo para toda España, lo que dejaba sin efecto los autonómicos, aunque debía compensar a los ya vigentes, entre los que no incluye el catalán. El tipo estatal ha quedado en el 0,03%, y recaudará unos 375 millones. Catalunya, con el 0,5%, calculaba obtener unos 500 millones.

Una vez más, gana la banca. ¿Y los funcionarios? Seguro que deberán esperar a otro nuevo impuesto.