Pagar a los okupas

Si el caso del 'banco expropiado' de Gràcia podía complicarse más, ya lo ha hecho. Ayer, la fiscalía decidió abrir diligencias contra el exalcalde Xavier Trias por malversación de caudales públicos. El pago del alquiler del local durante un año, que el anterior consistorio asumió para frenar otro desalojo complicado, al estilo Can Vies, en Sants, presenta dudas legales pero también éticas.

La fiscalía se encargará ahora de determinar si, a su entender, con ese alquiler (65.000 euros anuales al propietario para que no instara al desalojo) se vulneró algún precepto. Trias, que califica la solución de la «menos mala» desde el punto de vista político, argumenta que todo se hizo con los procedimientos ajustados a derecho, y para ganar tiempo para la negociación, eso sí, una vez pasadas las municipales del 2015. Legal o no, quedan dudas. ¿Se pueden destinar miles de euros del presupuesto a mantener a un colectivo que se ha instalado ilegalmente en una propiedad privada? Hay, seguro, una lista de matices: el tiempo que llevaban con la okupación, el uso social del local, evitar un conflicto violento, y todo el etcétera que queramos. Pero el resumen es que se utilizó dinero de los barceloneses para mantener una situación ilegal amparada en hechos consumados. Ironías de la política, ha sido un gobierno de izquierda alternativa el que ha tirado de la manta al suspender el pago del alquiler. Podemos hablar de lo bien o mal que se ha actuado estos días, pero lo cierto es que la situación era legal y éticamente insostenible.