Editorial
Oscuridad en el túnel de Glòries
La auditoría es demoledora con el resultado de un concurso que también está bajo sospecha judicial
Obras de la primera fase de los túneles de la Gran Via bajo las Glòries.
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoEl actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha presentado una demoledora auditoría de la primera fase de las obras del túnel de Glòries que tendrán un sobrecoste de casi 12 millones, prácticamente un 20% más del proyecto adjudicatario del concurso. La causa, según los auditores, es la acumulación de deficiencias en el estudio previo que han comportado una proliferación de imprevistos, que ya suman un retraso estimado por el momento en 18 meses. Los auditores apuntan que las causas de este desaguisado están en el excesivo peso del precio en los baremos del concurso, que ha llevado a confiar la obra a empresas con poca experiencia y capacidad técnica para una infraestructura muy compleja.
La gravedad de estos hechos debe conectarse con la investigación que sobre esa adjudicación está realizando el juzgado de El Vendrell en el sumario del llamado 'caso del 3%'. Entre las adjudicaciones que podrían estar en el origen de las donaciones a las fundaciones de Convergència está precisamente la del túnel de Glòries en los tiempos en que Xavier Trias era alcalde de la ciudad y Antoni Vives responsable de urbanismo. A nadie se le escapa que una de las maneras más habituales de alterar los resultados de un concurso público es la oferta de precios a la baja. Y que una manera también habitual de recuperar lo perdido y lo pagado en comisiones es el sobrecoste posterior de las obras en base a los imprevistos que surgen.
El consistorio barcelonés, que ha auditado esta obra a instancias de la CUP, no puede pasar de puntillas por este oscuro asunto. Que la suma del precio de adjudicación más los sobrecostes no supere la cifra de licitación (el techo económico que establece el concurso) no puede tranquilizar a nadie. Entre otras cosas, porque en ese tortuoso camino entre la oferta y la adjudicación hay implicados personajes y empresas que están bajo una investigación judicial, a los que hay que presumirles la inocencia, pero también observar al microscopio.
El equipo de gobierno y los grupos municipales deben alentar una investigación que resuelva tres aspectos: las responsabilidades políticas en lo acontecido, el destino final del sobreprecio pagado y la seguridad y viabilidad de la obra ejecutada. Hay demasiadas zonas oscuras que la ciudadanía pidió aclarar con su voto en las últimas elecciones.
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