Oscuridad en la luz

Con datos UE-28, los costes del sistema eléctrico español están en línea con los de la media europea: generación, algo por debajo; transporte y distribución, ligeramente por encima; comercialización, más o menos en la media. Impuestos, algo por debajo. Una lógica elemental indica que el precio final debería estar en torno a dicha media. Pues no, oscila entre el 4% y el 6% más caros. Pero hay más: hemos inventado un engendro que llamamos Déficit Tarifario (DT). Teóricamente son costes no incorporados al precio final; los gobiernos los reconocen a las empresas y les permiten su titularización (es decir, los cobran). Más de 40.000 millones de euros acumulados desde el 2002, alrededor de un año de la facturación eléctrica en España. Una intrigante anomalía.

Pero todo tiene explicación. Una pequeña parte la aportan dos variables conocidas: mercado sin competencia con ineficiencias por falta de tensión competitiva; un lobi eficaz (la patronal UNESA) condicionando -desde siempre- la regulación. La parte sustantiva es más opaca, consiste en la incorporación en el precio de costes impropios y opacos, camuflados en alguno de los conceptos de los gráficos a todo color que aparecen en la factura y supuestamente desglosan transparentemente el coste. Opacos porque no se mencionan. Impropios porque son totalmente ajenos a la cadena de valor antes de impuestos: generación, transporte, distribución, y comercialización. Añadiendo a estos costes márgenes empresariales razonables e impuestos, debería resultar el precio final de la factura. Alrededor de la media UE-28. Y sin DT.

COSTES IMPROPIOS

Veamos, solo a nivel de enunciado, los principales costes impropios (todos ellos documentados por expertos y alguno incluso por la UE). En primer lugar cinco casos de excesiva remuneración o coste muy importantes: a) la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas y nucleares, amortizadas y con costes variables muy bajos; b) pagos por capacidad a todas las centrales de ciclo combinado, se debería remunerar tan solo a la cuarta parte necesaria para la estabilidad del sistema, el resto -no utilizado- existe por decisión errónea de las empresas sobrevalorando en tiempos de euforia la futura demanda; c) graves errores gubernamentales en renovables. En eólica, mantenimiento durante años de primas calculadas según rendimiento inicial de la inversión, rápidamente multiplicado por su evolución tecnológica. En fotovoltaica, incentivos desmesurados y rectificación tardía, injusta e ilegal (con efecto retroactivo; ya hay una sentencia) y sin dar salida a los inversores vía autoconsumo; d) retribución excesiva a Red Eléctrica (RE) por el transporte. No parece lógico que una empresa con los precios fijados por el BOE sea una de las estrellas del Ibex para los inversores en renta variable; y e) el pertinaz y político uso del carbón nacional (extracción cara, poco poder calorífico, muy contaminante).

Además, hay dos regalos directos del Gobierno a los grupos del sector por un importe conjunto no inferior a los 8.000 millones de euros: a) en la liquidación definitiva de los CTC’s, el saldo era favorable a los consumidores y se debía detraer del DT. No se hizo. En el 2015 la Audiencia Nacional (AN) admitió a trámite una querella contra Endesa y los ministros Salgado y Sebastián por ese tema; y b) los derechos gratuitos de emisión de CO2 establecidos por la UE y su bajo precio en el mercado, reducía sensiblemente el coste internalizado por las empresas.

SENTENCIAS SIN EJECUTAR

El ministro Montilla impulsó enel  2007 un real decreto detrayendo del DT la diferencia. UNESA lo impugnó. En el 2008, el nuevo ministro Sebastián lo derogó mediante otro real decreto. Tanto la Audiencia nacional como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han fallado a favor de la validez del decreto del 2007. Sentencias sin ejecutar. Y, por último, el propio DT, que no existiría sin los demás, es otro coste impropio. No lo pagamos en directo, lo Estamos pagando, a plazos, en diferido.

Demasiada -y muy cara- connivencia (puertas giratorias incluidas) entre gobiernos, UNESA y los organismos reguladores, independientes tan solo intermitentemente.