Ocupación paradójica en la Ciutat de la Justícia

Las coincidencias en algunas ocasiones pueden resultar escandalosas. Al menos 25 de los 64 pisos de un edificio de viviendas públicas de L’Hospitalet están ocupados ilegalmente. Según los vecinos, por alguna suerte de organización mafiosa que incluso es posible que extorsione a los ocupantes. La paradoja es que el edificio en cuestión es una promoción de la Agència Catalana de l’Habitatge que se encuentra dentro del recinto de la Ciutat de la Justícia. Un hecho que indigna a los legítimos inquilinos de la finca, a los que les cuesta entender que delante de las narices de los fiscales, de los jueces y de la policía, en el mismo solar en el que trabajan cada día, se esté cometiendo impunemente un delito. Es una mera casualidad,  pero también la evidencia de algunas lagunas y de algunas malas prácticas de nuestro sistema institucional.

En primer lugar nos recuerda algo que ya sabíamos. Es bastante inaudito que en unos años de emergencia habitacional como los que hemos vivido, haya viviendas sociales pendientes de adjudicar por parte de la Generalitat. Esa es la primera causa de esta grotesca situación. En segundo lugar, la justicia tiene en esta ocasión la posibilidad de contemplar de primera mano las lamentables consecuencias de su exasperante lentitud. La protección de los abusos no puede ser una excusa para evitar que aquello destinado a la gente con escasos recursos quede en manos de una mafía que intenta aprovecharse de la vulnerabilidad de los más débiles.