Objetivar la realidad

Anteayer se dieron a conocer las Cuentas Públicas Territorializadas, mucho más rigurosas que todas las anteriores balanzas fiscales. El director del estudio, Ángel de la Fuente, puntualizó que en ningún país del mundo el gobierno federal o central elabora información comparable a la que ahora ha publicado el español. Desmintiendo todas las falsedades que ha puesto en circulación el soberanismo, lo cierto es que no existen balanzas fiscales oficiales ni en Francia, ni en Italia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. Otra cosa es que se manejen datos sobre los flujos económicos entre administraciones, que hayan estudios parciales encargados por algún centro universitario o regional, pero los gobiernos no elaboran esos  datos porque abriría paso a los agravios territoriales.

Pero Spain is different. Y ahora lo es sobre todo por el avance del independentismo catalán, muy ligado a la percepción social de un maltrato fiscal en la última década. Para combatir ese sentimiento no hay nada mejor que luces y taquígrafos. Y el citado estudio es concluyente. Los déficits fiscales de Madrid, Catalunya, Valencia y Baleares son debidos sustancialmente a que son territorios más ricos, donde se recaudan más impuestos por habitante. La progresividad de los impuestos y el mayor consumo, están detrás de ello. Solo una pequeña parte de las diferencias en los saldos territoriales reflejan tratos diferentes frente a necesidades sociales similares, debido a variaciones importantes en la financiación regional.

La buena noticia es que esa cifra se limita a un 0,6% del PIB español, unos 6.590 millones. Es un buen punto de partida para el debate sobre el nuevo modelo que debería estar discutiéndose porque  el anterior expiró a finales del 2013. Hay importantes desajustes en la financiación entre Valencia, Baleares y Andalucía, muy por debajo de la media, y otras como Cantabria, Extremadura o Castilla y León, que salen claramente beneficiadas. Capítulo a parte es el País Vasco y Navarra que se benefician de un cupo distorsionado, que rompe el principio de igualdad. Un vez constatadas las disparidades, Mariano Rajoy debería plantear una reforma gradual en las que comunidades como Catalunya y Madrid, que están en la media del reparto, podrían mejorar sus recursos por habitante si se introdujera el principio federal de ordinalidad.

El final de julio puede marcar la agenda política del próximo curso. El lunes, Pedro Sánchez y Rajoy podrían acordar discretamente abrir la ponencia de la reforma constitucional en septiembre. Y el miércoles, Artur Mas dispone de una última oportunidad para orillar la agónica consulta del 9 de noviembre a cambio de sentarse a objetivar la realidad de los problemas sociales y económicos que afectan a los catalanes.