La morosidad en España, un mal endémico

La morosidad es uno de los males endémicos de la economía española, y las medidas para combatirla han tenido un éxito muy modesto. Se cumplen ya 10 años de la primera ley de pagos, y los índices del retraso por parte de las empresas deudoras apenas han mejorado. Aunque la legislación establece que las facturas deben abonarse en un plazo máximo de 60 días, la realidad es que el promedio nunca ha bajado de 80 días largos, y últimamente ha vuelto a aumentar y está de nuevo por encima de los 90.

Tan enquistado está el problema, y tan difícil resulta ponerle coto, que el 70% de las empresas tienen que aceptar contractualmente márgenes superiores a los que establece la propia ley, so pena de perder contratos. Una situación absolutamente indeseable, que genera inseguridad a quien la sufre, generalmente compañías de tamaño pequeño o mediano que suministran bienes o servicios a empresas de más envergadura. Quienes usan y abusan de una posición de dominio frente a sus proveedores logran en la práctica y gratuitamente la financiación que deberían obtener por la vía bancaria convencional.

El efecto dominó de la morosidad es rápido y perverso, porque altera una de las reglas básicas de las economías abiertas, la libre concurrencia en el mercado en igualdad de oportunidades. No es preciso señalar que España ocupa un lugar destacado en esta anomalía: solo Portugal e Italia tienen peores índices de retraso en los pagos. Y aquí, además, el problema se agrava porque muchas veces la morosa es la propia Administración.