Mas dibuja su hacienda

La Generalitat presentó ayer el modelo para dotarse de una nueva agencia tributaria, caso de que Catalunya se convirtiera en Estado independiente. La creación de la Hacienda catalana es una de las estructuras clave en el proyecto secesionista, por lo que la presentación de sus ejes básicos indica que la apuesta de Artur Mas y de quienes le apoyan en las elecciones del 27-S va en serio, con independencia de lo alejada de la realidad que a muchos les pueda parecer.

Los responsables del proyecto, en el que ha participado numerosos especialistas, se esfuerzan en subrayar que esas estructuras son compatibles con el marco legislativo actual, con excepción de la competencia en aduanas. La afirmación de que todo lo que se hace, o se esboza, tiene su encaje en la legalidad actual es una constante del independentismo en un intento de endulzar el momento de la hipotética ruptura. Sin embargo, pocas dudas hay de lo imposible de encajar tres nuevos organismos -a añadir a la actual agencia catalana-, además de un consejo fiscal y un 'sindic del contribuent' en el marco jurídico español. Amén, claro está, de asumir una estructura de unos 7.000 funcionarios, partiendo de los 325 de la agencia catalana actual. En este escenario, la Catalunya independiente aparece como libre de los presuntos males hispanos, siguiendo esta vez el ejemplo de los sistemas australiano y sueco, más centrados en la amigable colaboración entre Administración y contribuyente que en la confrontación y el litigio. Y, por supuesto, todo esto ocurriría en un país que habría desterrado prácticamente el fraude.

Este modelo debería empezar a concretarse -aunque no se habla de plazos- en caso de victoria de la candidatura de Junts pel Sí, que arropa a Mas y Junqueras, en las próximas elecciones. No hay ninguna duda de que cualquier paso en ese sentido sería recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. Lo más importante, sin embargo, es que el sistema supondría el germen de la división ciudadana. De llevarse adelante de forma unilateral, los catalanes se verían en el dilema de optar por pagar sus impuestos a la agencia tributaria española o a la nueva hacienda catalana. Una situación que los segregaría por sus opciones políticas, sin contar con la posible amenaza sancionadora de una u otra parte. En suma, un verdadero despropósito.