Lecciones de Ucrania

Desde la proclamación de la independencia en 1991, en Ucrania han venido enfrentándose dos visiones del trato que debería recibir la diversidad lingüística del país. Por un lado, los nacionalistas ucranianos han apostado por la oficialidad exclusiva del ucraniano. Por el otro, los mal llamados prorrusos han apostado por el ruso como segunda lengua oficial del Estado (el ahora respetado expresidente Leonid Kuchma lo prometió en 1994). En medio de este fuego cruzado está Crimea, que en un lejano 1992 hizo un amago de secesión con una Constitución que proclamaba la oficialidad del ruso.

SIN DUDA, Ucrania es una ilustración más de una situación que se ha dado o podría darse en otras latitudes: las sociedades que acceden divididas a la independencia siguen divididas después. En el plano lingüístico, una posible posición de equilibrio entre las visiones enfrentadas en Ucrania era la llamada ley de principios sobre la política lingüística estatal aprobada por la Rada Suprema en el 2012. Después de las críticas del Consejo de Europa por la deficiente aplicación de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias en Ucrania, el Partido de las Regiones impulsó esta ley para permitir el uso oficial del ruso (u otras lenguas) en las regiones o municipios donde los hablantes del ruso (o esas otras lenguas) superasen el 10% de la población. Eso era más de lo que los nacionalistas ucranianos estaban dispuestos a aceptar, pero también menos de lo que pretendía el Partido de las Regiones (emulando a Kuchma, Yanukóvich había prometido la oficialidad estatal del ruso en la campaña del 2010). Con la ley en la mano, fueron numerosas las regiones que optaron por la oficialidad del ruso, sin olvidar los municipios que consagraron la de otras lenguas como el rumano o el búlgaro.

En plena revolución popular, cuando los ánimos no estaban en su momento más sereno, la Rada Suprema decidió suspender la ley de principios. Sin duda, una señal muy equivocada para las regiones rusófonas del este y del sur del país en un momento políticamente tan delicado. (No tanto para Crimea, donde el ruso ya gozaba de una oficialidad de hecho desde antes de la ley, como consecuencia del pacto tácito entre Kiev y Simferopol para frenar la deriva secesionista de 1992. El verdadero peligro para una Crimea que permanezca bajo soberanía ucraniana es la suspensión de su autonomía, que es lo que propone el partido xenófobo Svoboda, uno de los protagonistas de la revolución). Ante semejante desatino, la reacción del Consejo de Europa, la OSCE y los países del entorno no se hizo esperar. Incluso Grecia, poco dada al pluralismo lingüístico, expresó su «decepción». El presidente Turchynov se negó a firmar la abolición de la ley, que sigue en vigor hasta que no se estudie su posible reforma.

Uno de los gobiernos europeos que no dijeron nada sobre la ley ucraniana es el español. Si atendemos a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, nuestro Gobierno está obsesionado con el referendo de Crimea (solo le falta argüir que es contrario a la Constitución española) y todo lo demás no parece importarle. Por una parte es sorprendente, porque España puede enseñar muchas cosas a Ucrania en materia de doble oficialidad regional de las lenguas. Pero por otra parte no es tan raro este silencio. García Margallo sabe que España incumple la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias y también sabe que su partido no está enviando las señales adecuadas a los hablantes de catalán /valenciano en ninguno de los territorios donde se habla esta lengua.

EL CASO ucraniano muestra que en los países lingüísticamente heterogéneos el monolingüismo oficial no es la manera de asegurar la lealtad política de sus ciudadanos. Esta lección también vale para España, donde una parte importante de los ciudadanos españoles ya no se sienten leales al Estado español por razones que también incluyen una dimensión lingüística. Y evidentemente la lección también vale para un futuro Estado catalán (independiente o sin adjetivo). Oriol Junqueras, al parecer, lo tiene claro. En la reciente presentación de Ernest Maragall como candidato a las elecciones europeas, el líder de ERC reiteró que el castellano será oficial en la República Catalana. Pero en su entorno y en el de la ANC aún hay halcones que no han entendido de qué va el asunto. El pasado domingo, sin ir más lejos, Anna Tarrés i Farrés, exnúmero cuatro de la candidatura gerundense de Solidaritat per la Independència en las elecciones del 2012, sostenía en público que los que no hablan catalán no son catalanes. Con soberanistas de esta calaña, ni proceso ni historias.