¿Puentes sobre la financiación autonómica?
Expertos reunidos por Fedea y la fundación Olof Palme coinciden en el diagnóstico pero discrepan en la solución
Joan Tapia
Presidente del Comité Editorial de EL PERIÓDICO.
JOAN TAPIA / BARCELONA
La guerra entre los gobiernos de Catalunya y España, la campaña de las plebiscitarias del 27-S, las elecciones del 20-D, la imposibilidad de formar gobierno hasta el punto de que se van a tener que repetir los comicios…son todos fenómenos que obstaculizan el diálogo.
Pero no lo han enterrado. Hace poco hemos visto –por primera vez en años- una reunión entre presidentes y vicepresidentes de los dos gobiernos. Porque el bloqueo acaba perjudicando a todos. Porque los electores castigan a quien se cierra en banda. Y porque la sociedad civil presiona para que –como mínimo- se intente acordar algo. En 'el civet' de Luis Conde en Fonteta hace 20 días se palpó nostalgia de los tiempos en que Madrid y Barcelona sabían negociar y pactar. Este miércoles se vio el empeño de dos entidades catalanas, la Fundación Olof Palme y el Cercle d'Economía de resucitar el diálogo sobre la financiación autonómica. Pese a todo los desencuentros y fracasos de los últimos años.
La 'termita' Anna Balletbó y Fedea, el primer 'think-tank' económico español que dirige Luís Angel de la Fuente, con muchos años de docencia en Bellaterra, convocaron en febrero en S'Agaró a una quincena de expertos con la financiación autonómica como oscuro objeto del deseo. Y este miércoles se presentaron las conclusiones en el Cercle, cuyo presidente, Antón Costas, fue uno de los asistentes a S'Agaró.
El punto que destacaron tanto De la Fuente como Juan José Laborda, catedrático de Zaragoza, y Luís del Hierro, catedrático de Sevilla y experto cercano a las tesis andaluzas reticentes a la ordinalidad, es que hay consenso sobre la necesidad de reformar el sistema. Debe ser más transparente (hoy es un laberinto), equilibrar la financiación por habitante entre la máxima nivelación de las tesis andaluzas y las que dejan más margen a las comunidades, dar mas ingresos y responsabilidad a las autonomías (por ejemplo 100% del IRPF y facultades sobre los copagos) y un mecanismo vertical de distribución Estado-comunidades.
El más reticente a las tesis catalanas y a la ordinalidad -el andaluz- admitió que los costes son diferentes en las distintas comunidades, algo que fue acogido con interés por Martí Carnicé (en otro tiempo segundo de Antoni Castells en la Generalitat). El aragonés Laborda propone mantener el concierto vasco, pero redimensionar el cupo en un proceso largo porque hoy el País Vasco tiene una financiación por habitante muy superior a la media. También hay acuerdo en que a corto plazo ninguna comunidad vea reducidos sus ingresos en valores absolutos.
Así hay consenso en el diagnóstico pero amplia discrepancia en la medicina a aplicar. En las intervenciones catalanas –Andreu Morillas y las catedráticas Teresa Garcia-Milà y Maite Vilalta- se apuntó que las propuestas tenían poco en cuenta las demandas catalanas que se resumen en un margen de libertad mucho mayor de las comunidades. De la Fuente argumentó que es menos relevante quién recauda qué, quién fija los impuestos y quién se queda el dinero. Miquel Iceta –que actuó de espontáneo- apremió a poner en marcha la agencia tributaria concertada. Y el profesor Jordi Caballé subrayó algo relevante que a menudo se olvida: que en los próximos años habrá menos fondos disponibles por la disciplina europea y la necesidad de reducir la deuda pública.
Balletbó insistió en tender puentes y recordó una frase que le dijeron hace años: “Anna tienes razón, pero tienes poca, y la poca que tienes no te sirve de nada”. Si los interlocutores actuales la asumieran, la financiación autonómica no habría causado tantas trifulcas. Y ahora quizás tendríamos hasta gobierno.
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