Inhabilitar al discrepante

Si prospera la anunciada querella criminal de la fiscalía querella criminal fiscalíapor la organización del proceso participativo del 9-N, Artur Mas y algunos de sus 'consellers' podrían ser condenados a penas de diez o más años de inhabilitación para ejercer cargo público. Tiempo habrá para analizar, cuando se conozcan, los fundamentos jurídicos de la querella que ultima el ministerio público. Pero los efectos políticos de esta iniciativa serán, anticipémoslo ya, verdaderamente devastadores.

Es obvio que, amparado en el ardid de llamar a las urnas a los catalanes sin firmar resolución alguna, el Govern esquivó la providencia Govern en la que el Tribunal Constitucional, a instancias del Ejecutivo del PP, ordenaba suspender el 9-N.Pero no es ocioso recordar que, una vez dictada la suspensión del proceso participativo, los poderes públicos no impulsaron ningún requerimiento judicial para asegurar su cumplimiento. Ni siquiera para cerrar la web habilitada por la Generalitat, mencionada explícitamente por el Constitucional Constitucionaly plenamente operativa hasta el último día. Todo lo más, la fiscalía pidió el sábado identificar a los responsables de los colegios electorales, no a sus superiores políticos.

Colaboradores necesarios

La prudencia del Gobierno de Rajoy horas antes del 9-N, consciente de que confiscar las urnas era una ofensa a la ciudadanía y un regalo al independentismo, contrasta con el anuncio de una querella que constituye un grave error político, otro más en la disparatada gestión del conflicto desatado en Catalunya.

Los 2,3 millones de catalanes que participaron en el 9-N9-N, y muchos de los que no lo hicieron, jamás entenderán que una movilización simbólica con tan masiva respuesta se salde con el intento de inhabilitar al político que la hizo posible. Si Mas y sus 'consellers' delinquieron, ¿acaso no fueron los votantes y voluntarios colaboradores necesarios de sus delitos?

En democracia, las leyes se deben respetar y aplicar con proporcionalidad. Si el diálogo político se dirime en los juzgados, si la oferta al discrepante es la inhabilitación, la desconexión afectiva de muchos catalanes con la actual España se hará del todo irreversible.