Bebidas azucaradas: ciencia, acción y conciencia
Vicente Ortún y Beatriz González López-Valcárcel
Expresidente y presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).
BEATRIZ GONZÁLEZ LÓPEZ-VALCÁRCEL / VICENTE ORTÚN
Los más antiguos del lugar recordarán cómo la marca de refrescos más conocida en el mundo regresa a España con la primera apertura del régimen franquista: Tiempos de Concordato, visita de Eisenhower, pacto con EEUU, leches en polvo y mantequilla distribuidas en los colegios públicos. Los uniformados y apuestos conductores contrastan con los barrenderos que ahora vemos por las calles vestidos de amarillo; las flotas de repartidores y la publicidad en vallas ponen la nota de color en la España negra.
En cierta forma para los escolares de la época la promoción gratuita del producto en los colegios venía a ser el equivalente civil a la visita de la VI Flota de EEUU. La concentrada industria de las bebidas azucaradas (BA) ha sido faro de la cultura que EEUU ha exportado al mundo, detenta marcas globales icónicas y respetadas, patrocina Olimpiadas, colabora con Greenpeace y World Wide Fund... El aura de prestigio que las rodea hace difícil entender que se opongan al conocimiento científico independiente y de que se las asocie con un 'cigarrillo líquido'.
La mayor parte de efectos negativos derivados de la obesidad los soportan los propios afectados: El único coste que imponen en el resto de la sociedad se deriva de su incremento medio del 30% en gasto sanitario. Ciertamente, la obesidad tiene diversas causas, entre ellas la de que los humanos no disminuimos la ingesta cuando añadimos BA. Tampoco las actuaciones sobre la epidemia de obesidad han de pasar únicamente por el impuesto sobre BA pero al igual que en la lucha contra la epidemia del tabaquismo, el impuesto puede acabar siendo la intervención más efectiva.
Catalunya ha seguido la senda de Hungría, Francia, Noruega, Reino Unido, Suráfrica, México, Ecuador y muchos lugares de EEUU implantando desde el primero de mayo del 2017 un impuesto específico sobre BA (0,08 euros/litro con más de 5 gramos de azúcar/litro y 0,12 euros/litro si se superan los 8 gramos de azúcar/litro) con una serie de rasgos positivos. Su objetivo se cumpliría con bajadas en el consumo, pues no se trata de contentar a Hacienda sino a Sanidad; la alta sensibilidad del consumo de BA al mayor precio apunta en esa dirección.
Se trata de un impuesto neutral, pues la recaudación puede dedicarse a las medidas que necesariamente han de acompañar al tributo en la lucha, por ejemplo, contra la obesidad infantil, uno de los poquísimos aspectos en los que España, y Catalunya no obtienen matrícula de honor en el cuadro mundial de indicadores de salud y factores de riesgo. El impuesto no destruye empleo, estimula la innovación en la industria hacia productos más saludables y contribuye a la mejora de la equidad en la medida que disminuya el acusado gradiente socioeconómico en la prevalencia de obesidad (particularmente en mujeres).
Ciertamente hay que valorar su impacto en el bienestar social. La obesidad no resulta tanto de una débil voluntad individual sino del fracaso de la voluntad social para enfrentarse con los intereses creados allá donde el bienestar social lo aconseje. La ciencia necesita también acción y conciencia para ser aplicada.
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