ANÁLISIS
¿Hacia dónde marchan las reformas en Francia?
Macron tendrá que ser muy cuidadoso particularmente en asuntos como la inmigración, para mostrar a sus votantes que sigue equilibrando la balanza
Raquel Montes Torralba
Analista en asuntos internacionales. Becaria de 'la Caixa'. Agenda Pública.
Raquel Montes Torralba
Año reformador número dos, un nuevo frente de batalla se vislumbra a inicios del 2018 en el mapa político francés. Esta vez es el turno de la política de inmigración. En el contexto de la preparación de un proyecto de ley sobre la política de inmigración y asilo que será presentado el 21 de febrero en el Consejo de Ministros, una ola de críticas está llevando a los miembros del Gobierno, incluido el propio presidente Emmanuel Macron, a multiplicar sus intervenciones sobre el tema.
El proyecto de ley, todavía en estado de borrador, incluye una serie de medidas destinadas a reducir la duración de los procedimientos de demanda de asilo junto con el aumento de la retención administrativa. En este caso la polémica no vendría tanto de la eficacia o no de estas medidas, aunque también pues muchas asociaciones y expertos en inmigración las discuten, sino por el sentido general en el que el Gobierno está orientando la reforma. Para entenderlo bien hay que señalar como ejemplo dos acciones paralelas. Por una parte, el intento de incluir en el texto una lista de “países terceros seguros” que hubiera implicado incluir no una lista de países de origen, sino de tránsito (fuera del territorio UE). En segundo lugar, una circular de diciembre relativa a la inmigración, pero independiente del texto de ley, que permitiría la identificación administrativa de los inmigrantes en los centros de acogida de emergencia. Dadas las reacciones suscitadas, la primera medida fue eliminada del proyecto de ley y la segunda, más conocida como la circular Collomb por el nombre del ministro del Interior, ha sido contestada ante la justicia por varias asociaciones de ayuda a los inmigrantes.
Aunque todo ello parece no desentonar en el actual contexto de gestión de la inmigración en Europa, en Francia está generando un debate social importante sobre el sentido de la acción de un Gobierno que fue elegido por su “neutralidad” ideológica. Esta nueva ley, que según sus defensores pretende combinar pragmatismo y solidaridad, se inscribiría para ciertos observadores en la tendencia a tratar las cuestiones de la inmigración y el asilo desde la perspectiva de la seguridad, visión tradicionalmente defendida por la derecha. Esta estrategia, orientada a pararle los pies a la derecha en uno de sus campos predilectos, tendría para sus críticos la contrapartida de endurecer progresivamente las condiciones de acogida. En segundo lugar, pone en cuestión el sentido de desarrollar una política de inmigración nacional teniendo en cuenta el contexto europeo y las voces que defienden que, sin una coordinación a nivel de la UE, es imposible una política eficaz en este terreno. Emmanuel Macron, que llegó al Elíseo con un discurso proeuropeísta sin fisuras y queriendo trascender la vieja división entre izquierda y derecha, tendrá que ser muy cuidadoso particularmente en asuntos como este, para mostrar a sus votantes que sigue equilibrando la balanza.
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