El futuro de la Seguridad Social

Es una lástima que el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el 2016 esté pasando casi inadvertido en plena época estival, porque impide ver con claridad que en las cuentas elaboradas entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Fátima Báñez (Trabajo y Seguridad Social) y Luis de Guindos (Economía), el capítulo que recoge mejor la ideología del partido del Gobierno es el dedicado a las previsiones de ingresos y gastos de la Seguridad Social.

Que las cuentas del principal instrumento de previsión pública que comparten los españoles sigan registrando pérdidas en los ejercicios de los últimos años parece alarmar poco a nuestros gobernantes. Lo atribuyen al ciclo económico, que provocó en un primer momento un descenso del número de cotizantes. Tienen razón: si las cuentas de la Seguridad Social se han descuadrado entre el 2011 y el 2014 es por ese motivo. Lo preocupante es que ahora que se inicia la recuperación y remonta la ocupación las cuentas sigan sin cuadrar. La razón es la precariedad de los puestos de trabajo que se crean -las cotizaciones son intermitentes- y la disminución de los salarios. Hay más trabajadores que cotizan, pero por menos cuantía, con lo que el déficit se cronifica.

Llegados a este punto, hay que empezar a pensar soluciones antes de que se agote el fondo de reserva con el que se cubre el déficit actual. Como quien no quiere la cosa, anteayer se propuso que algunas de esas percepciones (orfandad y viudedad) se paguen a cargo de los impuestos generales. Parece bien razonado que quien no haya contribuido personalmente no cobre de un seguro público, aunque el Estado le socorra con cargo a otras partidas. Pero la propuesta es falaz. Quien contribuye desde su nómina a la Seguridad Social lo hace, desde hace décadas, pensando en sí mismo -paro, pensión- y en su familia. Si el Gobierno se atreve a romper esta confianza tan arraigada entre los españoles, deberá justificarla y explicarla en profundidad. En primer lugar, porque lo lógico sería que las pensiones a cargo de los impuestos fueran las no contributivas. Y en segundo lugar, porque deberá acompañarse de una mayor presión fiscal, lo que tanta alergia provoca a Montoro. La Comisión Europea ha sugerido ese camino en más de una ocasión, pero aquí se sigue empeñado en recortar un Estado del bienestar a medio hacer.