Estado anacrónico prescindible

España, como país, es un mosaico de naciones mal avenidas. Como Estado, es un premoderno vedado de caza de algunas corporaciones de ventaja, si no mafiosas, que operan amparadas por una burocracia funcionarial privilegiada. Lo ponen de clamoroso manifiesto entidades que fueron públicas (Iberia, Telefónica), empresas operadas bajo el público amparo (Sacyr o ACS, por ejemplo, como se ha visto en Panamá o en el proyecto Castor) o bancos mediatizados por el poder político (Bankia, pongamos por caso). Altos directivos que son expolíticos, políticos que son exfuncionarios, funcionarios que regresan de la política y vuelta a empezar. El presidente del Gobierno va a Washington flanqueado por el presidente de ACS (también del Real Madrid), pero prescinde de los empresarios que generan valor añadido sin beneficiarse de plusvalías especulativas o contratos de favor.

LA ADMINISTRACIÓN paga tarde, pero cobra intereses a la menor demora. Las empresas deben ingresar trimestralmente el IVA, aunque cobren de la Administración con muchos meses de retraso. El rendimiento del trabajo tiene fiscalidades del 25%-35%, mientras que la del rendimiento de los grandes capitales es del 1%. Las balanzas fiscales con las autonomías redondean el cuadro.

Un expresidente del Gobierno dice que no seguirá en el consejo de administración de una gran corporación «porque se aburre». Pero percibe 126.000 euros al año, al parecer. Entre tanto, la vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Agricultura dan una pomposa conferencia de prensa para presentar las etiquetas del jamón. La ministra de Fomento, al saber que Sacyr no podía cumplir en Panamá los compromisos de su baja temeraria, corre a América Central para parar el golpe. Se comprende, porque el Estado había avalado a Sacyr. Lástima que no avale la honesta actuación de tantas empresas que tiran de la economía a pecho descubierto. Entre tanto, la justicia persigue a exdirectivos de Sacyr acusados de corrupción.

La monarquía despliega bochornosas cacerías, desavenencias matrimoniales (en un sistema dinástico hereditario eso nos afecta a todos) y enjuiciamientos por defraudación. Por amor, eso sí. A la par, prosperan leyes retrógradas, como la reguladora del aborto, o decretos-ley sobre energía que favorecen a los operadores hegemónicos e incentivan las energías fósiles. Autopistas, AVES y aeropuertos innecesarios dormitan inactivos. Pero tranquilos, que el Ministerio del Interior ya condecora a la Virgen María. Estos gobiernos de sainete, Estado de zarzuela y país de pandereta no resultan seductores. Una iglesia de caverna redondea la estampa goyesca. ¿Ustedes quieren formar parte de semejante festival? A mí me parece poco higiénico.

Este Estado tiene un ADN de ancien régime. Cree que los derechos ciudadanos son una concesión del poder y repudia la democracia, aunque se llene con ella la boca. En efecto, opinar mediante consulta pública es para él un acto sedicioso. La Constitución que le conviene está por encima del pueblo y del parlamento que la promulgó, o sea que el legalismo prima sobre el derecho. A instancia del partido estatalmente mayoritario, el Estatut aprobado por el Parlament y las Cortes y sancionado en referendo es parcialmente anulado por un Tribunal Constitucional mediatizado, incompleto y con miembros fuera de plazo. La disciplina de voto convierte las sesiones parlamentarias en una caricatura, con debates sin sentido, pues los argumentos se ven sustituidos por la previa instrucción partidista de obligado cumplimiento.

EN ESPAÑA, una mayoría social, la misma que aplaudia al franquismo, me parece da su apoyo a ese lamentable montaje votando al partido que mejor lo administra (el otro partido también se esfuerza en ello, a fe). Semejante nudo gordiano solo puede deshacerse cortándolo. Catalunya, que vota de otro modo, se libraría del marasmo y España, quizá, reaccionaría de una vez y abandonaría el siglo XIX ideológico en que aún vive. Todos saldrían ganando. La Constitución de un nuevo Estado catalán no garantizaría nada, desde luego, pero abriría las puertas a todo. El porcentaje de delincuentes y de honestos, de gente avanzada y retrógrada, es una constante estadística en todas partes, pero el peso de cada grupo en la vida colectiva depende de la escala de valores y del ordenamiento jurídico de cada estado. Hacer uno nuevo permite rejerarquizar piezas, tal como la reforma protestante permitió que una Europa avanzara mientras otra quedaba anclada en el pasado. De ahí que cada vez sean más quienes quieren un Estado nuevo. Federarse con el viejo no tiene demasiado interés, creo.  Quedarse en él como hasta ahora, menos aún. Socioecólogo, presidente de ERF.