Democracia de baja intensidad

Las escuchas a Jorge Fernández Díaz y la comparecencia parlamentaria del director de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, nos han ofrecido una pornográfica exhibición de los entresijos del poder, tanto en España como en Catalunya. El resumen viene a ser el siguiente: un magistrado encargado de combatir la corrupción, pero falto de medios y competencias, busca complicidades con el Ministerio del Interior, fiscales, jueces y partidos para, merced al intercambio de informes y delaciones, poder presentar un balance saneado de su gestión. Algunos políticos se le acercan con chivatazos contra el adversario, y él se acerca a otros, como el titular de Interior, para amplificar el resultado de sus pesquisas al objeto de derrotar al enemigo separatista. Tanto da que los supuestos escándalos de dirigentes de ERC y CDC quedaran en nada; lo grave es que dos altos cargos estuvieran dispuestos a magnificarlos para servir a sus espurias motivaciones políticas. 

Con la soberbia de quien nada tiene que perder porque ya se sabe destituido, De Alfonso ha menospreciado en el Parlament a los diputados a quienes debe rendir cuentas en tanto que representantes democráticos de todos los catalanes. Presentarse como el único servidor público comprometido con la corrupción, justificando así sus conversaciones con Fernández Díaz, es un gesto de petulancia que las polémicas grabaciones desmienten. Entre las funciones de la Oficina Antifrau no figura la de conspirar con el Gobierno y empresarios catalanes para sustituir al 'president' de la Generalitat electo, ni forzar su relevo al frente de Convergència.Convergència Pero las responsabilidades que se niega asumir otros las depurarán por él.

'In fraganti'

Capítulo aparte merece el titular de Interior. En Europa dimiten ministros por mentir sobre una multa, un currículim o un informe, y la carrera de Hillary Clinton a la Casa Blanca está comprometida por haber usado su correo personal para abordar asuntos oficiales. Solo en una democracia de baja intensidad los ministros pillados 'in fraganti' no dimiten porque creen que hacerlo perjudicaría a los intereses electorales de su partido, y no al contrario.