Un decálogo para la regeneración

La convicción de que es precisa una actuación urgente para regenerar el ejercicio de la política en España ha llevado a EL PERIÓDICO a dedicar la semana que hoy termina a analizar en profundidad el fenómeno de la corrupción y las medidas que deberían tomarse para combatirlo. Por las páginas del diario se han sucedido estos días las propuestas de representantes de diversos sectores sociales, expertos y, muy especialmente, los propios lectores, que han aportado más de 700 opiniones y propuestas. Es un activo del que el diario se siente orgulloso en la medida que refleja lo que muchas veces se olvida en el agitado periodismo actual: que los auténticos propietarios de los medios de comunicación son quienes los hacen posibles, en este caso los lectores. De la misma forma que no debe olvidarse -porque este es el fondo del asunto- que los auténticos titulares de un sistema democrático como el que por fortuna tiene España son los ciudadanos y no sus representantes políticos, por muy legítima que sea su elección en las urnas a través de la candidatura de un partido.

El poso del descrédito

Los ciudadanos están peligrosamente hastiados e indignados con la sucesión de escándalos de corrupción de los últimos tiempos, que se superpone a numerosos episodios de las últimas décadas. El resultado es un grueso poso de descrédito de los actores principales de la política, los partidos, plenipotenciarios administradores de los asuntos públicos. Su condición de espina dorsal del sistema, más incuestionable aún en los albores de la democracia, cuando España salió de la negra noche del franquismo, se ha ido deteriorando por lo que en términos económicos se conoce como abuso de posición dominante, es decir, la imposición de sus intereses y condiciones sin tener muy en cuenta los de quienes hacen posible su existencia misma, los propios ciudadanos. De tal suerte que, más que el vehículo para la expresión de lo que estos piensan y anhelan, los partidos son percibidos crecientemente como meros aparatos de lucha por el poder y el provecho corporativo y/o personal. Una percepción que la corrupción multiplica de forma demoledora.

Urge, pues, revertir esta situación. Y para eso EL PERIÓDICO brinda, fruto del debate de esta semana, un decálogo de medidas que deberían modificar de forma sustancial este desolador panorama y devolver credibilidad a la política. Son medidas concretas que tienen como común denominador mayor transparencia de la forma de actuar de los partidos y las instituciones y más control del dinero que administran. Después de 35 años de experiencia, por ejemplo, poco cuestionable es que debe modificarse un sistema electoral de listas cerradas que ha deformado gravemente la relación de los votantes con los candidatos electos porque estos, para asegurarse su continuidad, han optado por la obediencia a quien les puso en la lista antes que por la lealtad a quien les votó y facilitó el cargo. No menos discutible es que los desbocados gastos de los partidos son una fuente de corrupción y que por eso deben limitarse severa y eficazmente.

Una justificación inaceptable

No faltan voces que aseguran que los políticos son un reflejo de la sociedad de la que forman parte, y que por tanto la propensión a la picaresca y, en último término, la corrupción está en el ADN de España. Aunque fuera mínimamente cierto este diagnóstico, como justificación es política y éticamente inaceptable, porque en todo caso los cargos públicos están obligados a una conducta ejemplar. Y lo último que pueden es aducir, como ha hecho algún dirigente, que la corrupción es tan antigua y difícil de erradicar como la prostitución, un desafortunado paralelismo que menoscaba en igual medida a los políticos como a quien ofrece su cuerpo por dinero. Los partidos son, pese a todo, los que pueden y deben enderezar esta deriva y devolver vigor a la democracia. Si no lo hacen ellos, la incertidumbre y el desasosiego enraizarán, con efectos imprevisibles. Si quieren, pueden.