El debate de las balanzas fiscales

El Gobierno central presentó ayer su estudio sobre las «cuentas públicas territorializadas», conocidas hasta ahora como balanzas fiscales. Se trata del cálculo de la relación entre lo que pagan los ciudadanos al Estado y lo que reciben en forma de gasto o inversión en sus territorios. El debate ha sido siempre polémico porque los estudios aportados por la Generalitat desde hace años indican que el déficit fiscal -que superaría el 8% del PIB- lastra gravemente el desarrollo catalán y las prestaciones a sus ciudadanos. Las cifras que publicó ayer el equipo de expertos de Hacienda concluye que Catalunya tiene un déficit fiscal de 8.455 millones, casi la mitad del de Madrid y alejado de los 11.000 millones que estima la Generalitat, aplicando el método de cálculo carga-beneficio, el que se ha empleado ahora. La cifra queda aún más lejos de las ofrecidas por la Generalitat si se aplica otro sistema, el de flujo monetario -igualmente reconocido- que prefiere la Generalitat, y que eleva el déficit a más de 15.000 millones.

Al margen de la polémica que se abre sobre la bondad de las cifras, hay que destacar que se ha dado un primer paso, ya que ahora tenemos una serie de datos que han de permitir a los expertos un debate sereno. Hasta ahora, la publicación de las balanzas era casi un tabú, y solo con mucha insistencia se logró que las calculara el Gobierno en el 2008, con Pedro Solbes. Desde entonces, lo que tenía que haber sido una práctica normal ha devenido otra vez secreto de Estado.

Por otro lado, aun atendiendo al método elegido por el Gobierno -más favorable a Madrid que a Catalunya- la estimación de un déficit anual del 4,5% del PIB sugiere un excesivo drenaje de recursos catalanes. Con estas cifras, que también perjudican a Baleares y la Comunidad Valenciana y priman a Andalucía y Extremadura, entre otras, deberían revisarse los criterios de solidaridad. Hay que avanzar hacia un modelo más sostenible -en el que contribuyan más Euskadi y Navarra-, donde los servicios públicos estén garantizados por igual en toda España, pero donde los recursos no sirvan para mantener territorios anclados en la subvención. Las comunidades más dinámicas no solo necesitan recursos para atender a sus ciudadanos, sino para mantener los ritmos de desarrollo sin los cuales es impensable que puedan ejercer de locomotoras de la economía.