OPINIÓN

Es bueno que te deban y mucho mejor cobrar

SALVADOR SABRIÀ

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Una de las noticias de este periódico la semana pasada fue el balance provisional de la caza de pisos turísticos fraudulentos por parte del fisco: solo en Catalunya han aflorado en tres ejercicios más de 20.000 titulares de apartamentos que los alquilaban totalmente o por habitaciones al margen de la legalidad, o sea sin pagar impuestos por este negocio. La cuota media defraudada fue de unos 2.500 euros, lo que, a grandes cifras, ha supuesto aflorar unos 50 millones de euros que deberán ingresar a Hacienda a medida que los propietarios reciban los oportunos requerimientos. O no. Porque una cosa es descubrir a un defraudador, otra calcular y reclamarle su deuda, y la tercera y más difícil todavía, cobrarla.

De entrada, el presunto defraudador puede alegar para rebatir la falta fiscal que se le imputa. La Agencia Tributaria deberá demostrar que efectivamente se realiza un negocio recurrente con el arrendamiento del piso, y también probar durante cuánto tiempo, y con qué importe. Y no siempre será tan fácil como anunciarlo. En todo caso, la noticia en sí ya es una demostración de que el fisco se ha puesto las pilas en este tema, posiblemente más acuciado por la necesidad o la posibilidad de obtener más ingresos que por el peso de la presión ciudadana contra los excesos de una oferta turística descontrolada. Dicho de otra manera, es muy posible que si estos propietarios regularizan su situación, pagan en definitiva, el piso turístico existente antes en negro continúe dando el mismo servicio en blanco.

La tercera parte, la de cobrar la deuda descubierta, es la más complicada. Lo acaba de constatar el Tribunal de Cuentas en un informe sobre la gestión del cobro efectivo de las deudas tributarias por parte de la de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondiente a los ejercicios del 2012 y el 2013. Las cifras impresionan: la deuda pendiente de cobro a final del 2013 ascendía a más de 50.000 millones de euros, frente a los 22.253 del 2005, en pleno boom inmobiliario, o los 26.652 millones de finales del 2007, considerado el primer año de la larga crisis. Para situar estas cifras se pueden comparar con el presupuesto de gastos de la Generalitat de Catalunya para este año: 22.481 millones de euros.

Es evidente que parte de esa deuda no es cobrable, o bien porque está en litigio con el contribuyente, o bien porque el deudor es una víctima más de la crisis y es insolvente. Pero, en todo caso, el Tribunal de Cuentas recomienda al fisco que sitúe el cobro de estas cantidades como una de sus prioridades y le dedique más medios y personal. Siempre es mejor que te deban que no deber, y si te pagan, es magnífico.