La dación (y otros debates)

A estas alturas, no debe quedar nadie que no sepa que el Partido Popular aceptó a última hora mantener la ilusión -aunque solo sea la ilusión- de la capacidad de la ciudadanía para ejercer un rol activo en la configuración de la agenda política. Aceptó que la esperanza y el compromiso de 1,4 millones de personas que depositaron su firma al pie de la ILP hipotecaria no cayera en el saco roto de la desesperanza más absoluta. Y con ella, el esfuerzo de las entidades y organizaciones que han hecho de la palabradesahucioel estandarte de su lucha. Y la memoria, por supuesto. La memoria de las 400.000 familias que en este país han perdido su casa y el derecho a mirar el porvenir con confianza.

Esperanza, trabajo y memoria han visto abiertas las puertas del Congreso. La ILP hipotecaria se debatirá en sede parlamentaria y cada uno de los grupos presentes deberá decir qué piensa respecto a la petición de regular la dación en pago con carácter retroactivo, la paralización de los procesos de desahucio y el fomento de un mercado social de alquiler. Deberán posicionarse ante la atenta mirada de la ciudadanía y responder por sus decisiones. De las presentes, de las futuras y, por qué no, de las pasadas, pues somos muchos quienes no olvidamos que hay partidos que desde la oposición muestran una receptividad de la que carecen cuando están en el Gobierno y su capacidad para intervenir de un modo transformador en la sociedad es mucho mayor.

Es posible, e incluso probable, que la asfixiante mayoría absoluta del PP aborte prematuramente el debate, aplazándolo una vez más hasta no se sabe cuándo y negándose a cauterizar una herida por la que este país y cientos de miles de personas se desangran diariamente. Es probable. Lo que es imposible ya, para lo que no existe vía de escape, es para ignorar un debate que se ha instalado en la conciencia colectiva de la ciudadanía y que nadie, armado de mayoría absoluta o no, puede pretender cerrar en falso.

Deberemos debatir, por ejemplo, por qué aquí no es posible aceptar, como se hace en Holanda, que la subasta de la vivienda instada por la entidad financiera que emitió el crédito hipotecario objeto de impago sirva para saldar la deuda pendiente. O por qué en Francia su banco central actúa como intermediario entre las personas que no pueden hacer frente al pago de sus deudas y sus acreedores, interviniendo para ofrecer vías de resolución del conflicto y de reestructuración de la deuda. Habrá que saber por qué estas opciones son inviables en nuestro país, dotado de un sistema bancario que antes de revelarse calamitoso en muchos aspectos recibió el pomposo título del «mejor sistema financiero del mundo».

También habrá que debatir las razones por las cuales no se afronta la profunda reforma de la ley hipotecaria y de una parte del articulado del Código Civil y la ley concursal que sería necesaria para hacer de los procesos de desahucio algo más que una práctica meramente abusiva. No se trata de debatir en exclusiva en términos de dación sí o dación no. Se trata de saber por qué la tasación que sirvió para conceder el crédito hipotecario y que fue aceptada por la entidad financiera deja de ser válida para reducir la deuda pendiente en caso de impago, como si la devaluación del parque inmobiliario fuera de la exclusiva responsabilidad del sufrido deudor. Y saber, ya puestos, cómo es posible que un juez no tenga la potestad de detener un proceso de desahucio en caso de detectar que el contrato hipotecario contiene cláusulas abusivas, es decir ilegales, que han encarecido indebidamente los pagos y pueden tener mucho que ver con el hecho de que finalmente se haya incurrido en la morosidad. Efectivamente, a día de hoy el juez que detecta alguna de estas cláusulas una vez iniciado el trámite que concluirá con otra familia sin techo pero con deuda no puede hacer más que constatar que la entidad incumplió la legalidad vigente. Y que quedará impune por ello.

Cláusulas abusivas, intereses de demora exorbitados, subastas opacas, prácticas ilegales, condiciones leoninas, ausencia de una normativa que regule de un modo efectivo la posibilidad para las personas de acogerse a las benévolas condiciones puestas a disposición de, por ejemplo, una empresa que no puede hacer frente a sus pagos... Quizá el PP pueda cerrar de un portazo el debate sobre la dación en pago y escudar su insensibilidad en la necesidad de actuar, como le gusta decir, «con responsabilidad». Lo que no podrá es volver a poner sobre nuestros ojos la venda que durante muchos años nos impedía constatar que nuestro sistema hipotecario mostraba ramas frondosas pero ocultaba unas raíces absolutamente podridas. Las mismas que hoy están a la vista de todos.