Cuestión de dignidad

Ya es pura cuestión de dignidad. El Partido Popular vuelve a las catacumbas del pseudofranquismo, recortando de manera sustancial los supuestos por los cuales una mujer puede <strong>abortar</strong>.

Se podría entender la dependencia que los conservadores españoles tienen de la Iglesia visigótica: la que ha mandado siempre, la que se aleja también del modelo de Iglesia plural que muchos de nosotros hemos defendido en Catalunya. Pero ni siquiera en esta coyuntura el ministro Gallardón podría dinamitar una de las las conquistas sociales que las mujeres han conseguido, a base de lucha, durante tantos años.

Con este anteproyecto de ley, el ministro se ha puesto al servicio de los lobbis religiosos más conservadores, ha ido a contentar al votante histórico de la ultraderecha religiosa que dominaba durante la Transición y todavía controla algunos círculos de poder de la España más carrinclona.

Hablar de aborto no es sencillo. Tiene connotaciones personales evidentes, claras y que apelan a la más estricta intimidad. Pero ningún país europeo --de aquellos que España nombra cada vez que quiere subirse al carro de la modernidad, o quiere regañar a la Catalunya rebelde-- ha emprendido una reforma de la ley que regula el aborto en la forma en que lo ha hecho el Gobierno de Madrid: limitando el aborto a dos supuestos previos (violación denunciada o malformación del feto) y exigiendo un doble informe médico (independiente) en el segundo caso.

De todas formas, lo más preocupante no es eso, sino la filosofía que hay detrás y que se ejemplifica con una de las citas del ministro: "La decisión [de abortar] deja de depender exclusivamente de la voluntad de la madre". ¡Ahora sí que la hemos liado!

Por suerte, la sexualidad ya no es uno tema tabú en la sociedad posmoderna. Y, por lo tanto, las conductas de los jóvenes --y los que ya no lo son tanto-- ya no siguen el patrón carca de cuando la televisión era en blanco y negro.

Desgraciadamente, junto a los avances en los métodos anticonceptivos también se ha incrementado la cifra conocida de embarazos no deseados. En el año 2011, el informe '<strong>Infants i família a Barcelona</strong>' relataba una tendencia progresiva de embarazos no deseados entre los menores, tanto en Barcelona como en el resto de Catalunya: en 1995 la tasa de embarazo de chicas de 14 a 17 años era de 3,9 por cada mil en Barcelona; en el 2007 llegó a los 11,1 por cada mil. En Catalunya se registró una tendencia similar, pasando del 4,5 a los 11,6, lo que representaba un aumento del 250%.

Por lo tanto, pueden haber descuidos, como ha pasado toda la vida, y no se puede condenar perpetuamente a los despistados. Europa no puede avanzar socialmente a base de recortar derechos, a base de decisiones reactivas ante un problema social. Para tratar el aborto se tiene que evitar entrar en el campo de las "víctimas" o los culpables –como ha hecho ahora Gallardón–. Se tiene que avanzar en políticas preventivas y de concienciación social.

Las sociedades más informadas también son las más maduras. Y, está claro, también necesitan menos policías malos que se dediquen a regañar a los pobres despistados.