Confundirse de enemigo

Controles, identificaciones, inmovilizaciones en plena calle y hasta cacheos preventivos, sin excluir la posibilidad de desnudar al sospechoso o sospechosa. Detenciones de manifestantes al menor indicio o sospecha de que hayan podido cometer faltas penales o infracciones administrativas que, por cierto, no están castigadas con penas de cárcel. Empleo de agentes privados para disolver protestas. Estas son solo algunas de las garantistas medidas del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que el pleno del Consejo General del Poder Judicial juzga contrarias a la Constitución. Un varapalo a la llamada ley Fernández que se suma al que ya le propinó el Consejo Fiscal.

Jorge Fernández Díaz, el ministro que da nombre a la ley, ya anticipó que retocaría el borrador -cuya constitucionalidad con tanto empeño defendió- para disipar cualquier tacha de ilegalidad. Pero, como quiera que la creatividad legislativa del PP no tiene límites, ayer Interior respaldó la ocurrencia de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, de restringir las protestas a espacios delimitados para que no entorpezcan el tráfico ni importunen al comercio. La idea del manifestódromo le pareció «muy atinada» a Fernández Díaz, pese a admitir que la mayoría de los jueces piensan exactamente lo contrario.

Los fallos del 22-M

La contumacia gubernamental en su pretensión de limitar por ley el derecho de manifestación contrasta con su escasa diligencia para evitar los brotes de violencia cuando las protestas tocan a su fin. Sin ir más lejos, en la marea por la dignidad del pasado sábado en Madrid, donde, finalizada la marcha cívica, los grupos violentos tomaron la calle, provocaron graves destrozos e hirieron a decenas de policías. Hasta el ministro asumió ayer que el 22-M

la policía cometió «fallos de coordinación» que impidieron neutralizar la acción de los vándalos.

En vez de forzar la Constitución con leyes restrictivas y de asociar interesadamente a los manifestantes pacíficos con los alborotadores, el Ejecutivo debería emplearse a fondo en preservar los derechos de los primeros y perseguir a los segundos. No sería honesto ni democrático confundirse de enemigo.