Con menos fraude fiscal sobrarían los recortes

Catalunya es una de las comunidades autónomas que han realizado más esfuerzos de contención del gasto público para cuadrar sus cuentas, dicho en lenguaje políticamente correcto. De forma más clara y diáfana, es prácticamente la líder en recortes, tanto en lo que respecta al personal de la administración pública como en servicios básicos como la sanidad o la educación. El Govern atribuye esta política a la necesidad, dada la vertiginosa caída de los ingresos a causa de la crisis mientras que los gastos se han mantenido.

La Generalitat busca fórmulas imaginativas para obtener el dinero que le falta. Van desde la puesta en venta del patrimonio, incluidas sedes de conselleries (aunque ahora no sea precisamente el mejor momento para vender), o las concesiones de servicios esenciales, como la distribución de agua potable. Para algunos partidos de la oposición, en realidad se está ejecutando un plan de privatización de servicios públicos que, sin la crisis, sería más difícil de colar a la opinión pública. En este caso se hace de la necesidad virtud.

Sin embargo, tanto en Catalunya como en el Gobierno de España, la asignatura pendiente continúa siendo la lucha contra el fraude fiscal. Con la crisis se recauda menos, es obvio, pero con las leyes vigentes y un mayor control y voluntad política para ejercerlo se podría recaudar muchísimo más. Con menos fraude fiscal, sobrarían los recortes, si no todos sí una buena parte. Por sus propias características no hay datos oficiales del volumen de fraude, pero hay un cierto consenso entre analistas y gabinetes de estudios económicos en que entre un 20% y un 25% de la actividad económica anual se escapa del fisco: unos 250.000 millones de euros al año, en la parte más alta de la horquilla, lo que supone una pérdida de rentas fiscales de entre 50.000 y 70.000 millones de euros. Poca broma. Para situar esta cifra en un contexto más comprensible puede servir compararla con el dinero que se ha gastado ya el Estado, es decir todos nosotros, en el rescate de cajas y bancos: unos 63.000 millones. O sea que, en el hipotético e irreal caso de que se pudiera acabar con toda la economía sumergida y el fraude fiscal, en un año se recuperaría uno de los mayores costes de la economía española.

Quienes tienen más posibilidades de defraudar o de evadir impuestos son las grandes fortunas y empresas. Y sería lógico que estas fuesen el primer objetivo del fisco.  No parece que sea así, ya que cuando sus propietarios se han visto forzados a pagar ha sido, en la mayoría de casos, o por algún chivatazo o por la filtración de datos de algún paraíso fiscal. Algo falla. O quizás no, en realidad se trata del funcionamiento normal. Para una minoría, claro.