Catalunya insumisa

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ALBERT SÁEZ

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Ciertamente, como explica Miquel Icetalo que ocurre en Catalunya resulta cada día más incomprensible en el conjunto de España. De igual manera que la actuación de algunas estructuras del Estado español resulta indescifrable en Catalunya, y no únicamente ni principalmente entre el colectivo independentista. La llamada ‘operación Cataluña’ es uno de los últimos ejemplos. No hay demócrata con la cabeza bien puesta que logre entender que toda la respuesta política al desafío catalán haya consistido en organizar una brigada de 'mortadelos' de tres al cuarto para fabricar o remozar casos de corrupción entre los políticos independentistas. Pero el último caso que nos ocupa es el del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Tras un cierre temporal por las condiciones degradantes en las que se retenía a inmigrantes pendientes de expulsión, ahora el ayuntamiento de Ada Colau se dispone a precintar la instalación, reabierta deprisa y corriendo, porque carece de licencia de actividad. El altivo ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz responde que la administración central del Estado no precisa de permiso municipal para sus instalaciones. Lo cual puede ser que en la laberíntica legislación española sea cierto. Pero no es de sentido común. La historia está llena de ejemplos de cortesía institucional en la ubicación de comisarías, centros de investigación o equipamientos cuando no directamente de convenios de colaboración.

Episodios como el del CIE, donde se constata la singularidad política y social catalana, alimentan esa desafección de la que habló el 'president' Montilla hace casi diez años que la crisis política, económica e institucional sumada a los vientos independentistas está transformando en insumisión. El gobierno de la Generalitat amenaza recurrentemente con incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional y el ayuntamiento de Barcelona puede llegar a enviar a la Guardia Urbana a clausurar un edificio de la Policía Nacional. La ‘rauxa’ de las instituciones españolas está acabando con el ‘seny’ de los catalanes.