La nueva gobernanza universitaria

Desde mi salida como rector de la Universitat de Barcelona y mi incorporación al Ministerio de Ciencia e Innovación, primero, y al Ministerio de Educación, posteriormente, como secretario general de Universidades, he asistido a tres momentos importantes en relación con la gobernanza en las universidades públicas.

El primero, cuando se publicó el libro blanco de la Universitat de Catalunya, un documento de amplio consenso de los rectores de la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP), que levantó expectación incluso fuera de Catalunya. En él aparece un amplio análisis de las debilidades del actual gobierno de las universidades y se apuntan medidas de mejora y modernización.

Sin embargo, y de forma casi simultánea, el Gobierno catalán puso en marcha un proceso de análisis paralelo liderado por los consejos sociales, dirigido en principio a avanzar en la que debería ser la nueva ley catalana de universidades, cuyas conclusiones en materia de gobernanza han quedado reflejadas en un documento que ha visto la luz a consecuencia de una polémica votación celebrada en el claustro de la Universitat de Barcelona el 17 de diciembre. Llegados a este punto creo que es necesario recordar que no se avanzará en la modernización universitaria ni en la mejora de la gobernanza mediante confrontaciones en el seno de la comunidad universitaria ni con simplificaciones interesadas de la complejidad del proceso.

Un segundo momento reseñable, que dio lugar a una cierta preocupación en medios universitarios, fue la presentación por parte de la CRUE-CYD (conferencia de rectores) de un informe solicitado desde la secretaría de Estado de Universidades en mayo del 2008, donde, a partir de un trabajo de campo, se hacía un análisis de la situación y se ofrecían un conjunto de recomendaciones acerca de la gobernanza y el gobierno de las universidades. Los avances del estudio fueron expuestos en los cursos de verano de la UIMP y después en una presentación pública, cuando el documento aún no había sido analizado por los responsables del encargo.

Quisiera, en tercer lugar, subrayar el esfuerzo realizado desde la Secretaría General de Universidades en la modernización universitaria: tomando como referencia la Agenda Europea para la Modernización de las Universidades del 2006 y el 2007, desarrollando la ley orgánica 4/2007 por la que se modifica la ley de universidades del 2001 y ordenando el proceso de modernización con una estrategia abierta y participativa de acuerdo con los retos de la educación superior en España. Esta propuesta, conocida como Estrategia Universidad 2015 (EU2015), presta especial atención a la gobernanza, aunque el calendario para abordar esa cuestión ha tenido que sortear dificultades añadidas, como las derivadas de la crisis socioeconómica.

La gobernanza universitaria es indisociable de aspectos como la financiación y la rendición de cuentas, al igual que está estrechamente vinculada con la dimensión social, en especial con la política de becas y ayudas, y con las políticas del plan nacional de I+D+i en lo que se refiere a la financiación competitiva en investigación e innovación. En este sentido, hay que resaltar que la nueva financiación universitaria tiene una hoja de ruta a ejecutar inicialmente dentro del horizonte de la EU2015, aunque aplazada en algunos de sus puntos al 2020 como resultado de los planes de austeridad acordados por el Parlamento español.

Este documento fue aprobado por consenso en abril del 2010 en presencia de todos los rectores y consejeros autonómicos del ámbito de universidades. En él se incorporan elementos de gobernanza relacionados con la financiación y el control de la eficiencia de la gestión, así como con la construcción de un sistema integral de información y el establecimiento de un modelo de contabilidad de costes para las universidades o la generación de una política de acercamiento de la universidad a su entorno local y territorial, un objetivo al que responde el programa de Campus de Excelencia Internacional.

El Ministerio de Educación tampoco ha descuidado otro aspecto capital de la gobernanza, entendida como gobierno del conjunto del sistema universitario, incorporando a él un Consejo del Estudiante Universitario como consecuencia de la próxima aprobación del Estatuto del Estudiante Universitario por parte del Consejo de Ministros.

La gobernanza ha de ocuparse igualmente del engarce de los departamentos, facultades, escuelas e institutos universitarios, al igual que los institutos de investigación, hospitales veterinarios, parques científicos y fundaciones de formación y extensión universitaria, entre otras, con el gobierno de la universidad. Una comisión de expertos trabaja en ello dentro de la EU2015. La gobernanza entendida como el papel de los cargos unipersonales, especialmente del rector, también es motivo de estudio.

Hay que concluir, pues, que la trivialización y simplificación del proceso de modernización de las universidades, usando solo la gobernanza, es un mal favor que se le hace a la universidad y a la sociedad. Secretario general de Universidades.