11-S, ¿Una mani contra el Govern?

Las aguas en el sottogoverno andan muy revueltas. Entre las filas republicanas reina la ansiedad por consolidar el sorpasso en las inesperadas elecciones españolas. Entre las filas convergentes, la ansiedad preelectoral se suma a la precongresual. Los segundos niveles de ambas formaciones en el Ejecutivo han dejado atrás la historia que les contemplaba y el advenimento de la nueva república para removerse en el fango de las parcelas y de las cuotas de poder autonómico. Solo así se explica que tres meses después de la constitución del Govern se sigan librando batallas para forzar destituciones y designaciones a pesar de la continuidad en la mayoría parlamentaria y del plazo de 18 meses, ya solo quedan 15 teóricamente, de disolución de la legislatura. Ciertamente ni el president Puigdemont ni el vicepresidente Junqueras están en esa dinámica, pero la irradiación de los segundos niveles se extiende a través de quienes tratan con la Administración y de los periodistas.

El revuelo en las elecciones de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) no es ajeno a esta dinámica. La pugna entre ERC y CDC trata de evitar que la entidad vuelva a tener una presidencia con vocación de marcarles el ritmo. El famoso "President, posi les urnes" de Carme Forcadell tras el 9-N. Ni tampoco lo es la constitución formal del sector "procesista" de la nueva CDC (partidario de pasar del "peix al cove" al recurso "al cove") que pretende ahora hacer creer a los independentistas que acorralaron con la excepcionalidad de la lista única que todo era una broma de excursionistas discutiendo en qué cota de la cima plantaban el campamento base.

Si las cosas siguen por esos derroteros no sería extraño que la manifestación independentista de la Diada del 2016 confluyera en la plaça de Sant Jaume para pedir a la coalición gubernamental que deje de tomarles el pelo. Sin llegar al mesianismo de la CUP, el vendaval independentista del 2012 sopló contra el tacticismo de ERC y entonces CiU con el Estatut. Ahora se han quedado sin la protección del Estado español. Y deberán rendir cuentas.