La industria del cine y el videojuego no ve avances contra la piratería

La Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), que representa a la industria cinematográfica y del videojuego, cree que el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado el pasado martes en el Congreso "no es una buena herramienta legal para frenar el nivel de piratería que hay en España".

Según ha indicado el director general de la FAP, José Manuel Tourné, en declaraciones a Europa Press, en el primer trámite parlamentario en la Cámara Baja "se ha avanzado muy poquito" o "casi nada" y lo que se ha cambiado son "mínimos detalles" y no los "obstáculos" que considera que aún existen para luchar contra la piratería.

Entre estos obstáculos, destaca el hecho de "condicionar el inicio de un expediente administrativo a que la vulneración sea de carácter significativo", o "que la Comisión de Propiedad Intelectual tenga que decidir si afecta o no", ya que a su juicio "crea problemas de interpretación y provoca recursos contra las decisiones".

En concreto, señala que el texto que ahora será remitido al Senado y que previsiblemente volverá al Congreso en septiembre u octubre lleva "calificativos" en los puntos referentes a la piratería que, según señala la FAP, abren la puerta a un "abanico de interpretaciones difíciles de aplicar" porque complican la cuestión y no aportan "claridad".

Aunque la FAP es consciente de que el texto definitivo no es este, lamenta que las enmiendas presentadas por varios grupos de la oposición, entre las que destaca algunas presentadas por PSOE y CiU, eran "muy interesantes", "en la línea de lo que había marcado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado.

Medidas eficaces en Europa

Según señala Tourné, "en toda Europa se puede iniciar una acción civil contra un usuario que perjudique con sus acciones los derechos de otras personas, que debe responder civilmente del daño causado". La diferencia con la mayoría de los países de Europa es que la información sobre el infractor no está condicionada de ninguna manera, mientras que en España lo está "a que exista actividad comercial". "No vamos contra el usuario, pero cualquier persona que causa un daño ha de responder", aclara.

En este sentido, destaca la eficacia de los sistemas de otros países tales como Italia, donde existe una comisión similar a la Comisión Sinde, ante la que el titular de derechos de propiedad intelectual, tras haber avisado al vulnerador acerca de su disconformidad por el uso ilícito de sus contenidos, puede presentar una denuncia ante este organismo. Después, si constata que la mayoría de la página vulnera la propiedad intelectual, directamente cierra la web, según explica el director de la FAP.

Preguntado acerca de la labor llevada a cabo hasta ahora contra la piratería, Tourné señala que la manera de medir esto es la "facilidad que tienen hoy los españoles para acceder a contenidos piratas en Internet". "Hoy es más fácil, la velocidad aumenta y crece también la oferta. No vamos por buen camino", critica.