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El Supremo de EEUU invalida los planes de Obama para reducir las emisiones contaminantes

El fallo podría poner en peligro los acuerdos alcanzados en la cumbre del clima de París

El Supremo de EEUU invalida los planes de Obama para reducir las emisiones contaminantes

AP / JIM COLE

Chimeneas de la central de Merrimack, en el estado de New Hampshire.

Miércoles, 10 de febrero del 2016 - 22:03 CET

El Tribunal Supremo de EEUU ha demolido la piedra angular de la política medioambiental de la Administración de Barack Obama. La máxima instancia judicial del país dejó el martes en papel mojado los planes aprobados el pasado verano para obligar a las centrales eléctricas de carbón a reducir significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero durante los próximos años, una medida concebida para luchar contra el calentamiento global y acelerar la transición hacia las energías renovables. El dictamen del Supremo podría tener consecuencias que van más allá de EEUU, ya que Obama utilizó este plan para lograr que otros países se comprometieran a reducir sus emisiones durante la pasada cumbre del clima en París.

El fallo ha sorprendido a todos porque nunca antes el Supremo había paralizado la implementación de una ley antes de que su suerte se hubiera dirimido en un tribunal de apelaciones. Eso significa que la última palabra está por decidirse y es muy posible que la ley vuelva al Supremo después de que apelaciones se pronuncie sobre la demanda que presentaron 29 estados republicanos, la industria minera y varias corporaciones sobre la llamada ley de energía limpia. En cualquier caso, vista la decisión del martes, adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra (estos últimos de los jueces progresistas), no se descarta que los detractores de la regulación acaben imponiéndose. La Casa Blanca se ha comprometido a no dar por perdida la batalla. “La Administración seguirá adoptando medidas agresivas para seguir reduciendo las emisiones de carbono”, dijo su portavoz.

DECEPCIÓN ECOLOGISTA

El plan en cuestión obligaba a los estados a reducir en un tercio las emisiones contaminantes de las eléctricas alimentadas con carbón, lo que habría obligado a cerrar cientos de plantas en todo el país o a adaptarlas tecnológicamente con inversiones millonarias. La ley les daba hasta septiembre -con prorrogas posibles- para presentar sus planes y hasta el 2030 como plazo para cumplimentar totalmente los recortes de emisiones, unas exigencias que los opositores al plan denunciaron como “un abuso de poder” con el que el Gobierno federal “trata de reorganizar las redes eléctricas de casi todos los estados de la nación”.

Para los ecologistas, la decepción es enorme. “Si alguna vez el Supremo ha fallado con la vista más puesta en el pasado que en el futuro, es esta”, decía en un comunicado 350.org, la organización internacional fundada por el activista climático Bill McKibben. “Que nadie se equivoque, este caso ha sido impulsado en nombre de la industria de los combustibles fósiles y de empresas como ExxonMobil que están dispuestas a frenar el cambio por todos los medios necesarios, pero sus días están contados”. Desde una óptica global, quizá lo más preocupante sean las consecuencias que esto pueda tener para la implementación del acuerdo de París ya que, en diciembre, Obama esgrimió este plan como la prueba del compromiso de Washington para reducir las emisiones. EEUU ha sido históricamente el país más contaminante del planeta, aunque últimamente ha sido superado por China.

Aquel acuerdo fue un complicado ejercicio de persuasión y, aunque no es vinculante, todos los países del mundo se comprometieron por primera vez a reducir sus emisiones. Ahora podría estar en peligro, según publica hoy el 'New York Times'. “En China hay también resistencia a las políticas de carbono bajo y algunos podrán decir: ‘EE UU no ha cumplido su palabra, así que por qué nos piden a nosotros que lo hagamos'”, dijo al diario neoyorkino el subdirector de un laboratorio de ideas del Gobierno chino dedicado al estudio del clima. Algo semejante dijeron fuentes conocedoras de la política de la India, uno de los países que más resistencia mostró a adoptar las demandas de París.

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