Los vecinos de Can Quirze quieren llevar el Ayuntamiento de Mataró a los tribunales

Se avecina una buena para el gobierno municipal de Mataró. Los vecinos de Can Quirze quieren llevar al ayuntamiento a la via penal a raiz de los 1,2 millones de euros de sobrecoste que el ayuntamiento les quiere hacer pagar por la urbanización de la zona.

Así lo ha revelado la edición digital del semanario local Capgròs que explica como, nueve años después que acabaran de pagar las obras de reurbanización del sector -con ya un 35% de sobrecoste-, ahora el consistorio exige nuevos pagos a los vecinos.

Según la misma revista, se llega a este punto tras el descubrimiento por parte del equipo gestor de la empresa municipal PUMSA descubriera una deuda pendiente por los trabajos de reurbanización.

El mismo equipo valoró también que la distribución de los costes del proyecto entre los afectados por la operación fue incorrecto.

Frente a eso, los propietarios y vecinos de Can Quirze han anunciado que no pagarán y que han decidido iniciar acciones judiciales contra el ayuntamiento para que se diriman responsabilidades.

ORÍGENES DEL CONFLICTO

El proceso de reurbanización de Can Quirze iniciado el año 2001 es dónde se deben buscar las raíces del conflicto actual.

Tal como explica Capgròs, el Ayuntamiento aprobó una modificación puntual del Pla General de la urbanización para que se pudiera llevar a cabo la adaptación de la zona para nuevas construcciones de lujo.

La adjudicataria fue la empresa Ferrovial, implicada en el Cas Palau por el pago de comisiones a CDC, y tenía un coste previo de 1.654.253 euros que deberían asumir ahora los vecinos.

El precio de reparcelación terminó, pero, con una liquidación provisional de casi 2,4 millones, lo que suponía un sobrecoste de 700 mil euros y que aún se vería incrementado en 2006 con un nuevo giro que subía el coste total a los 3 millones de euros.

LIQUIDACIÓN INEXISTENTE

Los problemas llevan cuando la reclamación de uno de los vecinos por los costes de la reurbanización. El juez expone que no puede determinar nada hasta que PUMSA no presente la liquidación de las obras.

El problema, expone la revista Capgròs, es que tal liquidación no se habría llevado nunca a cabo y se habría tenido que realizar a toda prisa 9 años después.

Es de esta liquidación que se establece que a los vecinos les tocaba pagar 4,2 millones y no 3 como en el pasado. Así pues, el 24 de julio de 2016 reciben el giro de una sexta derrama de 1,2 millones.

“Nosotros estamos obligados a reclamar estos pagos, pero es probable que moralmente los vecinos afectados tengan razón”, reconoce en la revista mataronense la concejala y presidenta de PUMSA, Núria Calpe, que atribuye el problema a una mala praxis de la empresa municipal en el pasado.

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