Pobreza energética: ¿a qué esperamos?

La pobreza energética es un problema real en España. Los estudios realizados por Economics for Energy, y los de otros investigadores, coinciden en encontrar un mínimo de un 8-9% de hogares (aproximadamente 6,2 millones de personas) que tienen problemas para mantener sus viviendas en condiciones saludables de temperatura, o para afrontar el coste de sus necesidades energéticas básicas. Estas cifras son además muy robustas frente al método que se siga para estimarlas: sistemas subjetivos, sistemas objetivos basados en medidas relativas, sistemas objetivos basados en la renta mínima absoluta…

Nuestros estudios identifican tres causas principales de esta situación, y por tanto, de la vulnerabilidad. En primer lugar, la insuficiencia de las rentas familiares. Después, la falta de eficiencia energética de las viviendas. Y por último, el coste de la energía en España.

Así, los hogares más vulnerables son aquellos con bajos ingresos, con miembros menores a su cargo y con inestabilidad laboral de sus sustentadores. Es interesante señalar además que estos hogares tienden a situarse en las zonas de clima más benigno, pero de rentas bajas y con viviendas mal acondicionadas. Al venir determinada en gran medida por la renta y por el coste de la energía, la situación ha empeorado claramente en los últimos años, y por tanto cada vez es más apremiante el buscar soluciones.

A continuación planteamos algunas que creemos podrían contribuir significativamente a eliminar el problema. Eso sí, nos centramos únicamente en el problema energético, y no en el problema general de falta o desigualdad de rentas, cuya solución evidentemente aliviaría mucho la pobreza energética, pero cuyo alcance está fuera de nuestro ámbito.

En primer lugar, es preciso definir un indicador adecuado para la pobreza energética, y también cuáles son los hogares vulnerables. Se trata de algo que nos ha pedido la Comisión Europea y que todavía no se ha realizado en España. Esta identificación también debería incluir la definición de un consumo energético básico, que debería estar garantizado en cualquier circunstancia.

En segundo lugar, y como forma más eficiente de garantizar este consumo básico, creemos que es imprescindible reformar y ampliar el actual bono social. Primero, incluyendo todos los consumos energéticos y no solo el eléctrico (que únicamente supone el 60% del gasto medio de los hogares en energía). Segundo, haciendo que solo puedan acceder a él los hogares vulnerables. Con el sistema actual, pueden acceder a él todas las familias numerosas, independientemente de su renta (y de hecho es más frecuente encontrar familias numerosas en los segmentos de renta más altos); o los que consumen menos de una determinada cantidad, algo que nuestros análisis también indican que no tiene relación con el riesgo de pobreza. Tercero, consideramos que este apoyo a la renta debería vehicularse como un pago a tanto alzado (en función del consumo básico definido previamente), y no como el 25% de descuento al precio, que, además de insuficiente, hace perder la señal a la eficiencia.Por último, y al ser una medida de redistribución de renta, no vemos ningún sentido a que sean solo los consumidores eléctricos o energéticos los que la financien, sino que los fondos deberían venir de los Presupuestos Generales del Estado. La cuantía no es demasiado grande: estimamos que, como máximo, podría situarse en unos 1.900 millones de euros.

Si se diseñara un bono energético efectivo, no haría falta disponer medidas contra el corte de suministro. En todo caso, el despliegue de contadores inteligentes para electricidad puede contribuir a garantizar el consumo básico. Para otras fuentes de energía podría ser conveniente crear líneas de crédito avaladas por el Estado.

El ejemplo de Francia

Otra medida de gran impacto es la priorización de las ayudas para la eficiencia energética a los hogares más vulnerables, incluyendo programas de información o auditoría energética gratuita como los que existen por ejemplo en Francia.

Y, por supuesto, también es esencial que los precios de la energía sean los correctos, y no incluyan elementos que no corresponden al coste del suministro (como las medidas de política energética o de solidaridad interregional, que debieran pasar también a los Presupuestos Generales del Estado)

Finalmente, un asunto de gran relevancia en el despliegue de todas estas medidas es el ámbito competencial. Hay medidas que creemos que son claramente competencia del Estado, como el establecimiento de ayudas a la renta y su financiación, o la identificación de los hogares vulnerables. Otras medidas, como el fomento de la eficiencia, pueden corresponder a las comunidades autónomas, que son quienes cuentan con las competencias en estas cuestiones. Y por supuesto, los ayuntamientos tienen un papel relevante que jugar, fundamentalmente por la cercanía de sus servicios sociales, que son clave para la identificación final y el apoyo a los hogares vulnerables. Por otro lado, no solo el sector público tiene que hacer su parte. También el sector privado ha de colaborar facilitando a los servicios sociales la identificación de los consumidores más vulnerables.

Como conclusión: la pobreza energética es un problema serio en España, pero que tiene soluciones factibles y alcanzables con la voluntad política adecuada. ¿A qué esperamos?