Europa, ante la pobreza energética

En la última década, la pobreza energética ('fuel poverty') se ha convertido en una prioridad creciente para los estados miembros de la UE. Según la Agencia Europea de Estadística (Eurostat 2015), en la UE entre 50 y 125 millones de personas podrían estar en riesgo de padecer pobreza energética. Al ser por lo tanto un problema que atañe en mayor o menor medida a todos los estados, es inevitable preguntarse ¿qué papel ha desempeñado la política comunitaria para abordar este problema? ¿Qué medidas se están adoptando? ¿Están siendo efectivas? Para contestar a estas preguntas es necesario hacer una retrospectiva de cómo la UE ha ido tratando este tema durante los últimos años, desde su definición hasta la promulgación de medidas para cuantificarla, paliarla y disminuirla.

Lo más impactante es que a pesar de ser un problema transversal en toda la UE, a día de hoy no existe un consenso oficial europeo relativo a la definición de pobreza energética. En función de la magnitud del problema en cada país, coexisten diferentes definiciones. Por ejemplo, en Irlanda se entiende por pobreza energética «la incapacidad de permitirse un nivel básico de acondicionamiento térmico dentro del hogar, ya sea por motivos económicos o por motivos de ineficiencia» (Office for Social Inclusion 2007:67). En Francia, se considera pobre energéticamente aquella persona que tiene dificultades para abastecerse de la energía necesaria para cubrir sus necesidades básicas (Plan Bâtiment Grenelle, 2009:16). En Eslovaquia, se habla más de establecer una relación entre los gastos derivados del abastecimiento energético y los ingresos de esa vivienda (Strakova, 2014:3). Sin embargo en España, uno de los países más afectados por pobreza energética, no existe actualmente una definición estatal de la misma y hay que seguir las definiciones dadas por algunas organizaciones no gubernamentales.

Nos encontramos por lo tanto delante de un panorama de desamparo donde no existe una definición oficial inequívoca de pobreza energética, derivando a un vacío legal sobre cómo afrontarla.

A pesar de ello, desde hace una década la UE se ha encargado de lanzar directivas que, de manera implícita o explícita, tocan el tema de la pobreza energética, aunque todas ellas muy centradas en fomentar el aumento de la eficiencia energética.

Ojetivos 20-20-20

Una primera iniciativa fue la aprobación en el 2008 del paquete de medidas conocido como objetivos 20-20-20 (mejora del 20% en la eficiencia energética, reducción del 20% en las emisiones de gases de efecto invernadero y aumento del consumo de energía a de fuentes renovables al 20% para el 2020). En particular, la directiva de eficiencia energética para edificios es la principal norma europea dirigida a edificios en materia de eficiencia energética. Con la directiva de ecodiseño-ErP (2009/125/CE) se instauró en la UE un marco para el establecimiento de requisitos obligatorios de ecodiseño que aplican a los productos relacionados con la energía (motores, electrodomésticos, calderas, etc.) y que ha derivado en la obligatoriedad del etiquetado energético para estos productos. Además, en el 2012, se aprobó una nueva directiva en materia de eficiencia energética más ambiciosa que las anteriores y que busca alcanzar nuevos objetivos más allá del 2020. En paralelo, la UE ha lanzado programas de financiación de proyectos como Intelligent Energy Europe focalizado en actuaciones para impulsar la aplicación de estas directivas.

Todas estas medidas se focalizan en mejorar técnicamente los productos y confían en el papel de los usuarios como consumidores a la hora de lograr un ahorro energético efectivo. Son soluciones para aquellos consumidores que sí tienen acceso, desde un punto de vista económico a productos con mejores prestaciones energéticas. Sin embargo, aquellos que, dada su condición económica, no han podido beneficiarse de ellos se encuentran ahora en una situación de desventaja y de consecuente vulnerabilidad.

Cambio de planteamiento

Por lo tanto, se ha visto necesario aplicar un cambio de planteamiento y empezar a afrontar el tema de la eficiencia energética teniendo también en cuenta aquella franja social vulnerable económicamente. Como primera iniciativa financiada donde se describe el problema de la pobreza energética destaca el proyecto EPEE (European fuel poverty and energy efficiency, 2006-2009). En este proyecto se analizaron las normativas e iniciativas nacionales de diferentes países y se llegó justamente a la conclusión de que existe una gran dificultad para encontrar datos cuantitativos consistentes que sirvan para caracterizar sobre la misma base la situación de pobreza energética en cada país.

En el 2011 surgió el portal Fuel poverty network (http://fuelpoverty.eu/) como un medio para informarse y debatir sobre el tema de la pobreza energética en la UE y más allá.

Recientemente, la UE ha lanzado su programa de financiación de proyectos Horizon 2020 Secure, clean and efficient energy para 2016-2017. Dentro del listado de temas hay una llamada a presentar proyectos cuyos objetivos se centren no solo en la mejora de la eficiencia energética sino también en establecer medidas para luchar contra la pobreza energética dando al usuario final las herramientas técnicas y conocimientos necesarios que lleven a un cambio en su comportamiento y a una mejora en sus condiciones de vida. Este cambio de perspectiva debe impulsar proyectos que permitan trabajar con los colectivos vulnerables que se encuentren en situación de pobreza energética, realizando actuaciones técnicas básicas, de bajo impacto económico y gran alcance.

Mientras tanto, es deseable y necesario que la maquinaria europea trabaje para encontrar las fórmulas legislativas que consigan identificar, proteger y actuar contra la pobreza energética poniendo, como debe ser, al individuo en el centro. Esperemos que no tarde mucho.