La doble pesadilla de un sistema de pensiones superado

La salud de los sistemas de pensiones debe medirse por su capacidad para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas durante toda su jubilación. En España casi todas las reformas recientes o reducen el poder adquisitivo de las prestaciones en un escenario de inflación normal, o dan al Gobierno la posibilidad legal de hacerlo cuando lo considere oportuno. Ante esta realidad innegable, el Ejecutivo, todos los partidos del arco parlamentario amparados en el Pacto de Toledo, las centrales sindicales, las organizaciones empresariales y el sector asegurador insisten en que el sistema de pensiones español goza de buena salud. Frente a esta defensa numantina del actual sistema, los investigadores académicos que hemos simulado el futuro de las pensiones españolas coincidimos en avisar que la demografía ha hecho que las pensiones públicas se hayan vuelto insostenibles. Además, hemos anunciado que los déficits financieros del sistema vigente son estructurales y coincidimos en que el sistema actual es incapaz de garantizar que las pensiones públicas vayan a ser de una cuantía suficiente. Estas coincidencias son casi unánimes y son independientes de la metodología utilizada.

Las pensiones españolas se han vuelto insostenibles por varias razones. Primero, porque el aumento de la esperanza de vida ha elevado considerablemente la duración de la jubilación y ha multiplicado el coste de las pensiones; segundo, porque el crecimiento económico de los últimos 30 años y el aumento de la educación de la sociedad española han hecho que las cuantías de las pensiones que entran en el sistema superen ampliamente en términos reales a las que salen; y, tercero, porque el descenso de la natalidad, el final de la inmigración y la coyuntura adversa han frenado el crecimiento de los ingresos del sistema.

Fonde reserva

Ante esta situación, el agotamiento del fondo de reserva de las pensiones es un problema menor. Primero, por razones contables. El fondo está invertido en su totalidad en deuda pública española y eso quiere decir que el Estado ya se ha gastado los excesos de recaudación que en su día lo dotaron. La prueba es que, si consolidáramos el balance del Estado con el de la Seguridad Social, los activos del fondo de reserva desaparecerían. Por eso, muchas de las soluciones que se han propuesto recientemente no tienen sentido. Pasar las pensiones de viudedad, de orfandad y en favor de familiares a los presupuestos del Estado no arregla nada, porque el saldo del Estado empeorará exactamente en la misma cuantía en que mejore el saldo de la Seguridad Social y el déficit público de las administraciones en su conjunto seguirá siendo exactamente el mismo. Buscar fuentes de financiación complementarias, tampoco resuelve el problema porque las últimas subidas de los tipos del IRPF y del impuesto sobre el valor añadido (IVA) han demostrado que, con la normativa vigente y el grado de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes españoles, España está muy cerca del límite de sus posibilidades de recaudación.

Todo esto hace que la defensa de las bondades del sistema actual, además de irresponsable, sea infame porque perjudica gravemente a los pensionistas, que son uno de los colectivos más vulnerables. La alternativa responsable y solidaria sería aceptar de una vez los argumentos que los técnicos llevamos repitiendo desde hace más de dos décadas, reconocer que el sistema actual está superado para siempre, plantearnos la necesidad de emprender su reforma fundamental y empezar a discutir los principios que deberían guiar el diseño de este nuevo sistema.

Modelo mixto

Entre esos principios podrían estar los siguientes: primero, complementar el sistema de reparto con un sistema de capitalización obligatorio administrado por el sector público para reducir al máximo sus costes de gestión. Los sistemas obligatorios que mezclan el reparto con la capitalización reúnen las ventajas de los dos sistemas y diluyen sus inconvenientes. Los mejores sistemas de pensiones de nuestro entorno, como el sueco o el holandés, son sistemas mixtos casi-obligatorios.

El nuevo sistema de reparto debería organizarse con cuentas nocionales, que son unas cuentas ficticias que resumen en un solo número todo el historial contributivo de cada persona. La universalidad de este sistema permitiría que los tipos de cotización fueran menores que los actuales. Para que la solidaridad recayera sobre los salarios más altos, los tipos de cotización deberían estar destopados, aunque se mantuvieran las pensiones máximas. Además, las cuentas nocionales permiten actualizar sus saldos anualmente y preservar la sostenibilidad del sistema internalizando todos los cambios demográficos y económicos a medida que se van produciendo. También posibilitan que la edad de jubilación sea voluntaria y reversible.

El resto del ahorro para la jubilación -entre un 5% y un 10% del salario- debería acumularse en un sistema de planes personales capitalizados que deberían estar administrados y supervisados por el sector público y gestionados por el sector privado. Naturalmente, la única restricción para rescatar el capital acumulado en estos planes sería la de la edad de los partícipes. Las pensiones mínimas del nuevo sistema deberían adjudicarse siguiendo criterios de necesidad y suficiencia.

Inteligencia política

La transición hacia el nuevo sistema será costosa y un amplio consenso social será imprescindible para conseguir unas reformas de este calado y requerirá de grandes dotes de comunicación y de inteligencia política. Puede que a muchos la reforma propuesta les parezca un sueño. Pero la alternativa es aceptar dos pesadillas: la de unas pensiones en una senda de depreciación permanente, y la de la desconfianza y el descontento crecientes tanto de los trabajadores como de los jubilados con las pensiones, que son el único pilar del Estado del bienestar que nos afecta a todos.