SIETE MESES DE LA UCER
La radiografía del desahucio en BCN
La Unidad Contra la Exlusión Residencial (UCER) del Ayuntamiento de Barcelona ha gestionado entre enero y julio un total de 1.515 desahucios. Esta cifra supone un aumento exponencial en el número de procesos atendidos por los técnicos municipales. Durante el 2015, entre enero y diciembre, se registraron 1.092 desahucios. Fuensanta Alcalá, directora técnica de la UCER, matiza este incremento. «El número global de desahucios en la ciudad no ha aumentado tanto, pero ahora tenemos mucha más conciencia de estos casos porque nuestra participación es más proactiva y porque la gente ha perdido el miedo o la vergüenza a pedir ayuda al Ayuntamiento», explica la directora técnica de la UCER.
El balance de los primeros siete meses del nuevo servicio, formado por 15 personas con experiencia en situaciones de emergencia habitacional, es muy positivo, según Alcalá. «Lo más importante es que hemos conseguido que nadie en situación de vulnerabilidad acabe en la calle. El 41% de los casos se han resuelto positivamente -continúa la directora-, y el resto de procesos se han aplazado».
PRIMEROS DATOS
Con respecto al 2015, el perfil de las personas y familias desahuciadas es diferente. En los últimos siete meses, el 94% de los afectados por el proceso de desahucio tenían problemas para pagar el alquiler. Solo el 6% de los casos atendidos son ejecuciones hipotecarias, mayoritarios en los últimos años con el recrudecimiento de la crisis económica. «Por primera vez tenemos una radiografía bastante exacta sobre los procesos de desahucio en la ciudad, y los datos están a disposición de la ciudadanía como muestra de transparencia», subraya Alcalá, quien también destaca que gracias a los nuevos datos se están desmontando tópicos muy extendidos como la conflictividad vecinal de los pisos ocupados (no llegan al 5% de los casos).
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Durante los primeros meses en funcionamiento de la nueva unidad contra la exclusión residencial, se han detectado algunos puntos débiles. «Es necesario mejorar la coordinación entre administraciones con nuevos protocolos y reorganizar todas las ayudas existentes para hacerlas más accesibles», reconoce la directora técnica, quien confía mejorar estos aspectos en los próximos meses.
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