Barcelona pone en marcha un plan para crear un servicio público de vivienda

El Ayuntamiento de Barcelona creará un servicio público de vivienda a través del nuevo Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 que establece un nuevo paradigma, ya que plantea la vivienda como un bien de interés general y planifica un conjunto de políticas con la finalidad de garantizar su función social.

En este sentido, el servicio fomenta el derecho a la vivienda y sobre todo asesora a las familias en la protección de este derecho fundamental. El documento es fruto de un largo proceso de debate con las entidades y los grupos municipales y llega al Pleno con un 75% de las enmiendas aceptadas.

El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha destacado la voluntad de crear un plan de ciudad consensuado para un periodo de diez años que vaya más allá de los gobiernos municipales sucesivos y que garantice los derechos esenciales de la ciudadanía.

El equipo de gobierno prevé incrementar el parque de vivienda por diversas vías: de entrada, el Patronato Municipal de la Vivienda pasará a construir una media anual de más de ochocientos pisos -últimamente esta media se había situado en unos doscientos-; a estas promociones habrá que sumar las viviendas que se construirán fruto de la colaboración con cooperativas y con entidades sin afán de lucro o con afán de lucro limitado.

Otra vía de aumento de la disponibilidad de pisos es la Bolsa de Vivienda y el censo de pisos vacíos, unas iniciativas con las que no solo se pretende saber cuántas viviendas sin ocupar hay en la ciudad, sino también intentar que dejen de estarlo, y por eso se proponen medidas como las ayudas a la rehabilitación, que se doblan y pueden llegar al 100% para los pequeños propietarios.

Otras acciones destacadas del plan son la creación del Observatorio Metropolitano de la Vivienda para elaborar, junto con otros actores y administraciones públicas, el índice de precios de alquiler, que permitirá conocer cuál es el precio recomendable de alquiler según el lugar, la medida del piso o el estado de conservación; y el incremento de la prevención y la mediación para detener los desahucios, a través del refuerzo del papel que está desarrollando la Unidad Contra la Emergencia Residencial (UCER), instrumento creado hace justo un año.

El Plan por el Derecho a la Vivienda de Barcelona 2016-2025 tiene una dotación presupuestaria municipal de 1.666 millones de euros y se calcula que las políticas derivadas de este plan generarán alrededor de 29.000 puestos de trabajo vinculados principalmente a las ayudas a la rehabilitación y a las nuevas promociones. Además, se dará trabajo a personas participantes en los programas de inserción laboral de Barcelona Activa, por ejemplo, en la elaboración del censo de pisos vacíos.