Tianjin eleva la protesta

Un par de esbeltas columnas de humo recuerdan lo que fue una batalla titánica contra el fuego cuatro días atrás. Un solar cercano acumula herrumbre calcinada, cristales y otros restos. Una montaña de contenedores aguanta a duras penas a lo lejos mientras otra se ha derrumbado dibujando esperpénticas figuras. Si la explosión jugó así con recios contenedores, es fácil adivinar qué hizo con las estructuras metálicas temporales que acogen a los trabajadores de la construcción en China. Era casi medianoche y muchos ya dormían.

La mayoría de los 114 muertos por las explosiones en un almacén de materiales peligrosos en Tianjin pertenecían a las clases menos lustrosas. Eran mingong, esos emigrantes laborales de tez quemada que buscan sustento en las ricas ciudades costeras entre el desprecio de los urbanitas.

O los jovenzuelos proyectos de bomberos con contrato temporal y sin formación que fueron enviados por una alarma de incendio y fueron sorprendidos por las detonaciones. Sus familiares habían atormentado estos días con sus protestas a los funcionarios cuando intentaban dar las últimas noticias en un hotel de Tianjin. Ayer no quedaba ninguno. El primer ministro, Li Keqiang, les había prometido gloria póstuma e indemnizaciones el día anterior.

Distrito portuario

Las explosiones afectaron al nuevo distrito portuario de Tianjin. Es una aseada zona de amplias avenidas y edificaciones de calidad que había atraído a la pujante clase media de la ciudad, a apenas media hora en tren de Pekín. Dimitieron los cristales aunque aguantaron las estructuras e incluso la pintura. Pero los vecinos se niegan a regresar por más promesas que escuchen.

«El Gobierno nos promete que los reparará, pero no me fío», señala Wu Chao, empleado en una compañía tecnológica alemana, mientras enseña las fotografías de su vivienda en su móvil. Una profesora de inglés que dice llamarse Christine dice desconfiar de la solidez de las estructuras y, sobre todo, de la contaminación del aire y el agua. «Tengo un niño, no quiero que crezca ahí», añade. Ella y su marido invirtieron cuatro años atrás 1,3 millones de yuanes (185.000 euros), todos sus ahorros, en un piso que ha quedado «como si hubiera pasado un huracán». Ahora solo piensa en escapar de un barrio que amaba. Ni siquiera se ha atrevido a regresar a recoger sus pertenencias.

Un centenar de vecinos se concentraron en el hotel donde habían protestado antes los familiares de los jóvenes bomberos. La pujante clase media es más difícil de callar, conoce sus derechos y los resortes para defenderlos. Quieren una casa nueva y no se conformarán con menos. Enumeran sus argumentos legales: el almacén con materiales peligrosos apenas guardaba unos cientos de metros de distancia de sus viviendas cuando la ley exige un kilómetro y la compañía guardaba 700 toneladas del peligroso cianuro sódico cuando su permiso sólo estipulaba una decena.

Los vecinos siempre pensaron que esos contenedores cercanos guardaban automóviles importados u otros objetos inocuos. Recuerdan que la compañía llegó pocos años atrás y empezó a almacenar en breve. «Ahora se estaba construyendo un colegio al lado. ¿Cómo es posible eso?», se pregunta un afectado sin atreverse a mencionar al Gobierno.

Pero la prensa china, inusualmente afilada estos días, ha desnudado ese habitual ovillo de intereses entre dinero y poder por el que se extravía el cumplimiento de la ley: un accionista de la compañía de almacenaje es el hijo de un expolicía del puerto de Tianjin.

«Tanto el Gobierno como la compañía son los responsables e iremos a juicio si es necesario», advierte un vecino de la zona con profundos cortes en la espalda aun sin cicatrizar.