El Senado argentino aprueba una ley para evitar que los represores de la dictadura salgan antes de prisión

El Senado argentino ha aprobado por unanimidad una ley que impide aplicar a los condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-83) el beneficio de contabilizar cada día de detención sin sentencia como dos. De esta manera, la Cámara Baja del Congreso busca reparar el daño jurídico y el escándalo político que provocó la decisión tomada días atrás por el Tribunal Supremo.

A la sesión en el Senadole sucedió una manifestación en las calles de Buenos Aires secundada por todos los partidos políticos, unidos esta vez por el rechazo a la posibilidad de que cientos de represores vuelvan a salir de las cárceles. 

El presidente Mauricio Macri se vio obligado a “felicitar” la labor de los legisladores. Macri ha mostrado desde su salto del fútbol a la política una fuerte indiferencia sobre la tragedia de los años setenta. Durante sus ocho años de alcalde, nunca visitó un memorial y solo lo hizo el año pasado para acompañar a Barcak Obama. El presidente llegó a confesar "no tener idea" de cuántos opositores fueron asesinados clandestinamente esos años. Habló además de “guerra sucia” durante los setenta y no de terrorismo estatal, como ha dictaminado la justicia. El clamor en contra de la llamada "ley 2x1" para los militares y policías que secuestraron, mataron o torturaron, lo llevó a ir en una dirección imprevista “El vacío legal que había dejado esta desafortunada ley del 2x1 lo está subsanando el Congreso. Siempre estuve en contra, porque estoy en contra de cualquier ley que beneficie la impunidad”, dijo.

El centro de la ciudad de Buenos Aires fue virtualmente ocupado por miles de personas que fueron hasta la Plaza de Mayo, frente a la sede del Poder Ejecutivo, a repudiar el intento de abrir las puertas de las cárceles. De no haber intervenido el Congreso y la sociedad civil con tanta velocidad, Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, algunos de los ejecutores emblemáticos del “plan sistemático” de terrorismo estatal están en condiciones de obtener el beneficio otorgado por un Tribunal Supremo, al que se integraron este año dos jueces cercanos al Gobierno. El exsacerdote Christian Von Wernich, profundamente implicado en esos episodios y en prisión desde hace casi una década, intentó horas atrás acogerse a la prerrogativa.

UNA BOFETADA A LA SOCIEDAD

Para Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, el dictamen de la máxima autoridad judicial fue “una cachetada que les dio a toda la sociedad y a nuestros queridos hijos. Pero la gente y los periodistas acompañan. Ya no estamos solas”. La Asociación Argentina de Juristas calificó de “escandaloso” el gesto del Supremo. El Consejo Económico y Social de la ONU le recordó al Gobierno el carácter imprescriptible de los delitos de lesa humanidad. Hasta hubo protestas en la Plaza San Pedro, durante una homilía del Papa Francisco.

La "ley del 2x1" fue firmada en 1994, cuando regían las normas de impunidad que protegían a los represores. Se trató de una ley de excepción, concebida para descomprimir la situación en los penales, superpoblados de detenidos por hechos comunes que no tenían condena.