Martinelli deberá esperar una semana más para saber si será extraditado

La decisión del juez estadounidense Edwin Torres sobre la extradición del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli por cuatro delitos de peculado (malversación) y escuchas ilegales se pospuso hoy para el 31 de agosto.

Durante la cuarta audiencia en una corte federal de Miami, el juez Torres prolongó su decisión, pendiente, entre otros motivos, de la traducción de documentos a cargo de la defensa del expresidente panameño (2009-2014).

Martinelli, detenido el 12 de junio en el sur de Florida (Estados Unidos), donde reside desde 2015, acudió encadenado y con un uniforme de preso a la audiencia, que demoró dos horas y media.

Tanto la defensa como la fiscalía evaluaron extensamente de nuevo la retroactividad para los cargos de "interceptación ilegal de comunicaciones" y si se utilizó dinero público para la compra de alguno de dos equipos de vigilancia (MLM o NSO) para definir si se cometió "peculado".

Gran parte de la discusión fue sobre el lenguaje utilizado en el Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Panamá, suscrito en 1904, especialmente en la cláusula que expone la "retroactividad".

El fiscal Adams Fels aseguró que la defensa, encabezada por Marcos D. Jiménez, hace una "interpretación acomodada" del lenguaje del tratado para descartar la retroactividad.

La Fiscalía, que representa al Gobierno de Panamá, además señaló que "lo importante es cómo Panamá y Estados Unidos validan la retroactividad", en parte, en referencia a un documento del Departamento de Estado estadounidense, que la avala.

El pasado 4 de agosto Tom Heinemann, consejero legal y de inteligencia del Departamento de Estado, señaló que los cargos relacionados con interceptación "están incorporados como delitos extraditables bajo el tratado".

Pese a que el delito de "interceptación ilegal de comunicaciones" no está incluido en el tratado, sí forma parte de la Convención de Budapest, de crímenes cibernéticos, suscrita en 2004.

Entre tanto, según Jiménez, el lenguaje del tratado es "simple" al señalar que "no aplica la retroactividad".

Además, la defensa aseguró que "no hay evidencia" de que Martinelli comprase equipos de vigilancia para tal fin, aunque la Fiscalía señala al expresidente como el "jefe" directo de las escuchas ilegales a 150 personas, entre opositores, periodistas y empresarios, ocurridas entre 2012 y comienzos de 2014.

Ambas partes trataron de determinar si hubo dinero público para la adquisición de estos equipos y si estos fueron usados para escuchas ilegales y después retirados de las oficinas del gobierno.

La Fiscalía señaló que, independientemente de qué equipos se usaron, lo importante es que "hay evidencia (de) que algún equipo" se usó para interceptar llamadas.

De igual forma, reiteró que es secundario si estos equipos se compraron con dineros públicos, al destacar que lo importante es que estaban "bajo custodia" del Consejo Nacional de Seguridad (CNS) de Panamá.

Jiménez, quien durante la audiencia recibió notas que le escribía el expresidente Martinelli, pidió al juez Torres considerar las propias palabras del fiscal panameño Harry Díaz sobre la corrupción rampante en las cortes panameñas.

El abogado recordó que Díaz, magistrado de la Corte Suprema y quien también actúa como fiscal del caso por las supuestas intervenciones telefónicas, ha criticado en varias entrevistas públicas la falta de independencia y corrupción del poder judicial en Panamá.

"El propio fiscal admite estas cosas", expresó Jiménez, quien aludió enseguida a que el juicio de Martinelli tenía "razones políticas porque es un expresidente".

Sin embargo, el fiscal Fels respondió que este tipo de "investigaciones" corresponden a la Justicia de Panamá y no a una corte estadounidense que desconoce la "complejidad" de dicho sistema judicial.

"Estos procedimientos tienen que ser manejados en Panamá", aseguró Fels, al referirse también a la "ausencia de una imputación", argumentada por la defensa.

Al cabo de la vista, el portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, dijo que estaba "satisfecho" con la audiencia porque el juez Torres estaba tomándose el tiempo suficiente no solo para analizar el tratado de extradición, sino que "estaba yendo más al fondo".

"Tú no puedes extraditar a un país a una persona donde tiene riesgos su seguridad física", señaló.

Camacho aseguró a Efe que "Martinelli no tiene en Panamá un proceso por peculado, no tiene ninguna auditoría que diga que es responsable de una lesión patrimonial".