El 52% de los represores de la dictadura argentina podrán salir de la cárcel

La joven Laura Lescano salía de su clase en la Universidad de General Sarmiento (UNGS) de la periferia bonaerense cuando fue interceptada por cuatro hombres. Primero le hicieron comentarios sexuales agresivos. Luego intentaron abusar de ella. Todo habría sido peor de no haber pasado por ahí un vehículo policial que frenó el ataque y llevó a los agresores a la comisaría, donde se supo que pertenecían al Ejército argentino. La estudiante, se conoció también, es una militante de izquierdas. El suboficial y los tres soldados fueron liberados porque se consideró “leve” la agresión sexual. La institución castrense anunció que hará su propia investigación sobre el episodio. Para muchos se ha tratado de un hecho desafortunado y circunstancial. Otros analistas no dejaron de recordar que ha tenido lugar apenas horas después de que el Tribunal Supremo facilitara la posibilidad de que centenares de represores puedan recuperar su libertad.

La decisión de la más alta autoridad judicial de que se apliquen dos días de cárcel por cada uno que vienen cumpliendo los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-83) ha provocado un fuerte impacto negativo en la sociedad. “Me causó un dolor inmenso, una tristeza muy profunda. Él era uno de mis torturadores”, dijo Gladys Evarista Cuervo sobre el dictamen que favorece a Luis Muiña, el exparamilitar que le había infligido daño y que purgaba 13 años de cárcel. Pero, a la vez, el paso dado por el Supremo fue celebrado por los sectores que reivindican la actuación de las Fuerzas Armadas en los años 70 y que han considerado los juicios un hecho de venganza. “Tenemos que ser respetuosos, es un fallo del máximo órgano de la justicia”, pidió el secretario de Derechos Humanos del Gobierno, Claudio Avruj.

El Tribunal Supremo de Argentina suaviza las penas contra los represores de la dictadura

Por lo pronto, Jorge 'Tigre' Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, algunos de los ejecutores emblemáticos del “plan sistemático” de terrorismo estatal, como lo definió la justicia, están en condiciones de obtener el beneficio otorgado por el Supremo. Ellos fueron sentenciados a prisión perpetua en el 2011 por secuestros, torturas, violaciones, homicidios y las aberraciones sistemáticas perpetradas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

REDUCCIÓN DE PENAS

De hecho, algunos de estos exmilitares ya habían pedido la reducción de penas antes que se pronunciara el tribunal. Víctor Gallo, un excapitán del Ejército que se apropió del hijo de un desaparecido, fue el primero en invocar el dictamen del Supremo para que le rebajen la pena. Según los organismos defensores de los derechos humanos, 278 represores podrían pedir el beneficio del “2x1” y quedar libres. Esto representa el 52% de los condenados que están bajo arresto.

“Ningún genocida suelto”. Bajo esa consigna, las Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas, el Centro de Estudios Legales y Sociales y otros organismos llamaron a protestar el próximo miércoles frente a la sede de los tribunales. “Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en Argentina, porque lo que no se juzga y se condena, se repite”, señalaron. A su vez, las Madres realizaron una “sentada” en las escaleras del Episcopado para repudiar el llamamiento a la “reconciliación” de un sector de la Iglesia católica. Luego colgaron una bandera: “Ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, 1.000 años de prisión para los genocidas”, rezaba.