Llega a los tribunales el mayor escándalo político de la era Hollande

Jerôme Cahuzac (a la derecha) junto al presidente francés, François Hollande, el pasado día 4, en el Elíseo.

Jerôme Cahuzac (a la derecha) junto al presidente francés, François Hollande, el pasado día 4, en el Elíseo.

EVA CANTÓN

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François Hollande no contestó jamás al SMS que el hoy exministro del Presupuesto Jérôme Cahuzac le envió admitiendo su traición. “Perdón por lo que te he hecho”, decía el mensaje del hombre que el 16 de mayo del 2012 llegó al Gobierno de Jean-Marc Ayrault con la misión de luchar contra la evasión fiscal y que meses más tarde fue desenmascarado por el diario ‘Mediapart’ al descubrirse que tenía 600.000 euros en una cuenta abierta en Suiza a principios de los noventa.

Cahuzac negó durante 117 días las revelaciones de la publicación, aseguró ante presidente que “todo era falso” y mintió a la Asamblea Nacional cuando el 5 de diciembre del 2012 dijo sin inmutarse una frase que luego se volvería en su contra. “No tengo, ni he tenido jamás una cuenta en el extranjero”

Finalmente, el 2 de abril del 2013, acorralado por las pruebas y “devastado por el remordimiento”, según sus propias palabras, terminó por reconocer sus pecados. “Me metí en una espiral de mentiras”, diría en su blog antes de anunciar su dimisión provocando un auténtico seísmo político.

En ese momento fue imputado y Hollande denunció una “una falta moral imperdonable” que le obligaría a salir a la palestra para desvincularse del exministro y garantizar que el Estado no le había protegido. El ‘caso Cahuzac’ hizo estallar por los aires la promesa de “honestidad y ejemplaridad” con la que el candidato Hollande se había presentado al electorado.

Tres años después del escándalo, el exministro de Presupuesto, médico de formación y estrella del primer Ejecutivo socialista, se ha sentado en el banquillo del Tribunal Correccional de París, donde este lunes se ha abierto el proceso que deberá juzgarle por un delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales, así como por haber infravalorado su declaración de patrimonio al entrar en el Gabinete.

Junto a él se ha sentado su exesposa, Patricia Cahuzac, igualmente imputada en el caso al haber admitido la existencia de una cuenta de la pareja en el paraíso fiscal de la Isla de Man desde 1997.

Los jueces instructores Roger Le Loire y Renaud van Ruymbeke les reprochan haber montado un sistema de fraude fiscal “reiterado, sofisticado y familiar” para desviar el dinero que generaba la clínica capilar de la que ambos fueron propietarios entre 1992 y 2013, año en el que el matrimonio se separó.

Aunque no está implicada en el caso, el hilo del engaño llega hasta la madre de Cahuzac porque sus cuentas se usaron para blanquear cerca de 210.000 euros procedentes de la clínica, un dinero que sirvió para pagar lujosas vacaciones en Córcega o apartamentos en Londres para sus hijos.

Cahuzac, de 63 años, el antiguo animal político del Partido Socialista, hoy convertido en un paria cuyo nombre nadie menciona en la Asamblea Nacional, se arriesga a una pena de siete años de cárcel y dos millones de multa.

REFUERZO DE LA LEGISLACIÓN

La única incógnita que debe resolver el tribunal es si admite la petición de la defensa de aplazar el proceso por una cuestión de constitucionalidad, dado que el acusado ha arreglado sus cuentas con el fisco y rechaza el cúmulo de sanciones penales y fiscales al que se enfrenta.

Un juicio retrasado al otoño colocaría en una situación ciertamente incómoda al Eliseo a unos meses de las elecciones presidenciales del 2017, y amenaza con abrir una nueva crisis en la izquierda, a pesar de que el ‘caso Cahuzac’ llevó al Gobierno a endurecer la lucha contra el fraude fiscal en diciembre del 2013.  

Entre las medidas adoptadas entonces figuran penas mayores para los delitos de fraude, la puesta en marcha de una fiscalía específica para este tipo de infracciones, la asignación de más medios para los investigadores y la creación de la Autoridad Superior para la Transparencia de la vida pública.