Litvinenko pudo ser envenenado con polonio dos veces

Aleksándr Litvinenko fue «envenenado por el Estado mafioso ruso» cuando se disponía a exponer los vínculos de Vladímir Putin «con el crimen organizado que opera en el país», de acuerdo con Ben Emmerson, el abogado que representa a  la viuda del fallecido. El asesinato del antiguo agente de la KGB en el 2006 en Londres es desde ayer objeto de una investigación pública en las Cortes de Justicia de la capital británica.

La investigación, presidida  por el juez Robert Owen, analizará las circunstancias de su muerte y  la colaboración de Litvinenko con los servicios secretos británicos del MI6 y con la inteligencia española. Uno de los motivos de su asesinato «pudo ser el de evitar que testificara en un juicio en España» en el que iba a exponer la relación de la mafia rusa y Putin, señaló Emmerson.

De acuerdo con el análisis de los forenses, Litvinenko, de 43 años, fallecido al ingerir polonio-210, pudo haber sido envenenado dos veces, una a mediados de octubre del 2006, en una empresa de seguridad, y otra el 1 de noviembre, después de beber una taza de té durante un encuentro en un hotel londinense con los antiguos colegas Andrei Lugovoi y Dmitry Kovtun. De acuerdo con Emmerson, no existe «la más mínima duda» de que ambos, ahora en Rusia, llevaron a cabo el asesinato. Los dos, reclamados por el Reino Unido, han sido invitados a testificar por videoconferencia.

ENEMIGO DE PUTIN / Litvinenko fue «eliminado» porque se había convertido en un enemigo del «estrecho círculo de criminales que rodea y sigue rodeando a Vladímir Putin y mantiene su corrupto régimen en el poder», señaló Emmerson. «Fue un acto de terrorismo nuclear en las calles de una gran ciudad, que puso las vidas de numerosos otros miembros del público en peligro». Un acto de «inexplicable barbarie» que causó «la muerte más dolorosa y lenta imaginable».

La agonía en el hospital duró tres semanas. Su viuda, Marina, venció la resistencia inicial del Gobierno británico para abrir la investigación oficial. La audiencia pública está previsto que dure unas seis semanas. Algunas sesiones serán a puerta cerrada.