La justicia ahonda en los lazos entre Estado y mafia

Por primera vez un presidente de la República italiana, Giorgio Napolitano, ha declarado este martes como testigo, a puerta cerrada, ante un tribunal que se trasladó a su domicilio nada menos que para saber sobre una posible negociación en los años 90 entre funcionarios del Estado y líderes de la Cosa Nostra, la mafia de Sicilia. El objetivo de la supuesta negociación, que en Italia todos conocen como 'la tratativa', habría consistido en parar los atentados que la mafia estaba realizando en toda la península a cambio de mitigar el régimen de cárcel dura para los mafiosos condenados.

Durante el interrogatorio, que duró más de tres horas, no salió ninguna novedad ni confirmación de la tesis de la Fiscalía, que lleva dos años con el sumario abierto y con muchos indicios de que algo hubo, pero ninguna prueba que no sean las declaraciones de los mafiosos, entre ellos Totó Riina, capo de los capos e ideador de la «estrategia militar» de la organización criminal.

Napolitano respondió a todas las preguntas, según señaló un comunicado de la presidencia y confirmó el presidente del tribunal de Palermo (Sicilia), sin escudarse en la inmunidad presidencial y con «la máxima disponibilidad». El comunicado de la Presidencia pide que «se asegure lo más rápidamente la transcripción de las grabaciones (...) para que sea posible dar oportunamente notícia a los órganos de información y a la opinión pública sobre las preguntas dirigidas al testigo y las respuestas dadas por el jefe del Estado con la máxima transparencia y serenidad». «Nunca supe de acuerdos», declaró ayer Napolitano.

Sin obligación

El hoy presidente, que en aquellos años fue ministro del Interior y posteriormente presidente del Congreso, no tenía ninguna obligación de prestar su testimonio, pero frente a las diatribas entre fiscales y jueces de Palermo sobre la necesidad de interrogarlo, el presidente se ofreció a testificar. A regañadientes, según algunos, y creando una expectativa nacional nunca vista, casi como si Napolitano fuese el acusado y no un simple testigo. Totó Riina y otros mafiosos habían incluso solicitado poder estar presentes, lo que el tribunal rechazó por razones obvias.

Las 20 preguntas de la Fiscalía y otras de los abogados versaban sobre la supuesta negociación, pero también sobre una amenaza de muerte hecha por Cosa Nostra contra el propio Napolitano cuando era presidente del Congreso. Varios analistas italianos habían observado con cierta sorna que, uniendo los dos casos, casi se podía deducir que, una vez amenazado de muerte, Napolitano podría haber tenido interés en propiciar una negociación con los criminales mafiosos.

El asunto se complicó, introduciendo una cierta dosis de intriga, cuando el consejero jurídico de la Presidencia, Loris D'Ambrosio, murió de infarto en el 2012 poco después de haber escrito en una carta acerca de unos «acuerdos inconfesables» de aquellos años.

La singular audiencia judicial se celebró en una sala que, cuando el palacio presidencial pertenecía a los papas, se llamaba «habitación oscura», porque carece de ventanas al exterior. A la misma asistieron unas 40, entre jueces, fiscales, abogados de mafiosos, del Estado y de las acusaciones particulares de las víctimas de varios atentados, además de cancilleres y jueces populares.

La plaza frente al palacio de Quirinale fue rígidamente vigilada durante toda la mañana y los periodistas y televisiones tuvieron que mantenerse alejados de las estancias presidenciales, lo que algunos criticaron subrayando la disponibilidad de Napolitano y sus anteriores afirmaciones de que no tenía «nada que añadir» a lo manifestado por la Fiscalía, dando a entender que poco podría aportar.