Francia fracasa en su intento por prevenir y reinsertar a jóvenes radicalizados por la ideología yihadista

En Francia, 12.000 individuos engrosan la lista de las famosas fichas ‘S’, siendo considerados un "peligro para la seguridad del Estado"; más de 17.000 aparecen en el Archivo de Observaciones para la Prevención de la Radicalización con Carácter Terrorista (FSPRT, por sus siglas en francés); "un centenar" de personas -en palabras del ministro del Interior, Gérard Collomb-, representan un peligro terrorista y poseen, además, armamento ilegal.

En este contexto de amenaza permanente, la lucha contra el terrorismo parece indiscutiblemente ligada a la prevención y a la reinserción. Con esta intención, en septiembre de 2016, Manuel Valls, entonces primer ministro, anunció la creación de 13 centros de desradicalización. En realidad, solo uno vio la luz y por poco tiempo.

Situado en la comuna de Beaumont-en-Véron, en la región de Centre-Val de Loire, el primer Centro de Ciudadanía y Reinserción abrió sus puertas aquel mismo mes de septiembre. Diez meses después, el pasado 28 de julio, el Ministerio del Interior anunciaba el fracaso del "experimento", que se revelaba "no concluyente", y el cierre definitivo de la polémica estructura, rechazada desde sus inicios por el vecindario.

En su corta existencia, el centro de "prevención, de reinserción y de ciudadanía", preparado para acoger un total de 25 personas, tan solo albergó a nueve inquilinos. "Ninguno de ellos siguió el programa hasta el final", lamentaba el ministro del Interior al anunciar el cierre de la institución. Un programa destinado a "preparar, proponer y poner a disposición una oferta y un programa pedagógico útiles para la reinserción de jóvenes radicalizados en vías de marginalización".

Condiciones restrictivas

La selección de los integrantes de este programa inédito estipulaba requisitos claros y precisos: adultos de entre 18 y 30 años -cuyo peligro debía ser señalado por su propia familia-, convenían voluntariamente su participación en el programa y, sobretodo, debían estar exentos de cualquier procedimiento judicial en curso por hechos de violencia o terrorismo. Las fichas ‘S’ y todo individuo que hubiera viajado a la zona de combate yihadista quedaban, inmediatamente, excluidos del centro. Aquellos que reunían todas las condiciones pasaban a formar parte del programa de "desradicalización": durante diez meses, en régimen de pensión completa, los inquilinos del centro recibirían cursos, talleres, además de un seguimiento psicológico y social.

"La experiencia incluía elementos interesantes (…) pero los responsables del centro tuvieron dificultades a la hora de encontrar personas voluntarias (…) los criterios de selección eran muy restrictivos", explicaba Muriel Domenach, secretaria general del Comité Interministerial de Prevención de la Delincuencia y de la Radicalización, en una entrevista concedida al semanario 'L’Express', tras el cierre del centro.

Sin embargo, estos restrictivos criterios no impidieron que un controvertido inquilino ocupara las estancias de la institución. Durante uno de sus "permisos de salida" del centro, Mustafa S, de 24 años, fue detenido en su domicilio, en el departamento de Bas-Rhin, al noroeste de Francia, durante una operación antiterrorista. Meses antes de pasar a formar parte del centro experimental, el joven había tratado de viajar en dos ocasiones a Siria.

Así, el programa de desradicalización perdía a uno de sus primeros inquilinos; el último abandonó el establecimiento el pasado mes de febrero tras ser condenado por "violencias familiares". Desde entonces, el primer y único centro de "desradicalización" permanecía vacío.

Punto y final

Ante el fracaso de este "experimento", el Ministerio del Interior decidió poner punto y final a la experiencia llevada a cabo en Pontourny –nombre del castillo que albergaba el centro. El Ejecutivo reflexiona ahora sobre la posibilidad "de abrir estructuras más pequeñas apara acoger a individuos vigilados por la justicia y desarrollar soluciones alternativas a la encarcelación".

Más allá de los nueve inquilinos que atravesaron las puertas del polémico centro, 2.600 menores y 800 familias reciben un seguimiento por parte de profesionales de la prevención. "Antes de lanzar un centro de desradicalización es indispensable comenzar por un trabajo de prevención", remarcaba Muriel Domenach.