Bruselas niega que vaya a criminalizar la asistencia humanitaria a los refugiados
La Comisión Europea presentará sus propuestas la segunda mitad del 2016
Silvia Martinez
Periodista
SILVIA MARTINEZ / BRUSELAS
La Comisión Europea no tiene intención de criminalizar la asistencia humanitaria que muchas oenegés, voluntarios o ciudadanos ofrecen a los refugiadosrefugiados que pisan territorio europeo. “Es todo lo contrario, se trataría de obligar a los Estados miembros a que excluyan esta posibilidad”, aseguran fuentes comunitarias sobre la denuncia lanzada este fin de semana desde el portal británico Statewatch en el que se alerta de la intención de los gobiernos de sancionar este tipo de actividades.
Según Statewatch, el hecho de que un borrador de conclusiones del consejo sobre tráfico de inmigrantes en el que trabajan los 28, de cara al consejo de ministros de interior del mes de marzo, no mencione que los trabajadores humanitarios están exentos de sanción abre la puerta a criminalizar sus actividades. Fuentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo rechazan esa interpretación. Para empezar porque no se trata de una propuesta legislativa y, en segundo lugar, porque el Ejecutivo comunitario ya anunció el año pasado su intención de reformar la directiva sobre ayuda a la inmigración clandestina que data del año 2002 y que está actualmente en vigor.
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Se trata, explican fuentes diplomáticas, de una normativa “muy ambigua” que permite a los Estados miembros no sancionar a las oenegés que dan asistencia pero no prohíbe a los gobiernos que así lo deseen sancionar o criminalizar esta actividad. La intención de Bruselas, aseguran varios funcionarios, es que las nuevas propuestas para mejorar el marco legal se sigan ciñendo a los traficantes y mantengan la exclusión de la labor de los trabajadores humanitarios. Una propuesta que no se espera hasta la segunda mitad del año.
La intención de presentar una propuesta figura en el plan de acción contra los traficantes presentado en mayo de 2015. Según este plan, la Comisión Europea garantizará la aplicación de sanciones penales al tiempo que evita “riesgos de criminalización de los que prestan asistencia humanitaria a inmigrantes en peligro”.
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