Una terrateniente subvencionada

En el siglo XVI, el duque de Alba era el quinto noble más rico del reino. Así que, contando al monarca, quizá ocuparía la sexta posición en la lista Forbes del reinado de Felipe II. Por mucho que Cayetano Martínez de Irujo lamentase en Salvados el impacto de la crisis en su economía, o recuerde que el siglo XIX dejó a la familia arruinada, en la lista Forbes de los tiempos de Felipe VI la Casa de Alba, cinco siglos después, solo ha cedido tres puestos: en la edición del 2014 la duquesa de Alba ocupaba el noveno puesto con un capital de 2.800 millones de euros, detrás, eso sí, de los Ortega, Andic, Del Pino, Villar Mir, Roig, Botín y Jove.

En algo sí tendrá razón el próximo duque de Alba. Un patrimonio del antiguo régimen, construido a base de castillos, palacios y fincas agrícolas, ni de lejos genera tanto cash como una fortuna textil, bancaria, de los supermercados o de grúa y cemento. Aunque, en cambio, el 90% esté exento de impuestos por su condición de patrimonio histórico y el patrimonio agrario sirva para atraer automáticamente esos polémicos tres millones de euros al año en forma de subvenciones de la política agraria europea, «el PER de los ricos» denunciado una y otra vez por el sindicato de trabajadores del campo andaluz.

Según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, el patrimonio de la Casa de Alba es difícil de valorar pero se situaría en el año 2007 entre los 2.200 y los 3.200 millones de euros, aunque solo entre 134 y 324 millones estarían no exentos de pagar impuestos. En cualquier caso, la Casa de Alba se sitúa entre los mayores terratenientes de España, con unas 34.000 hectáreas. La mitad de la superficie de la ciudad de Barcelona, pero con un valor que ni de lejos se debe acercar al patrimonio artístico e inmobiliario acumulado en los palacios de Liria (Madrid), de las Dueñas (Sevilla), de Monterrey (Salamanca)...

ANDALUCÍA Y SALAMANCA

En el patrimonio agrícola, gestionado por diversas sociedades y que ahora quedará repartido, destacan una finca de 3.000 hectáreas en El Carpio; la finca Gallego de Crespes en Larrodrigo (Salamanca), con 2.500 hectáreas; la Gómez Velasco, en Pedraza de Alba (Salamanca), con 1.600 hectáreas, y Las Arroyuelas, en Carmona (1.000 hectáreas). Solo han perdido una posesión, tras un largo pleito en los tribunales: las 2.500 hectáreas de las fincas Cabra Alta y Cabra Baja, expropiadas por la Junta de Extremadura.